Otro testimonio en contra más, y contando. La imagen de la Corte Suprema de Justicia no hace más que deteriorarse conforme pasan los días y salen a la luz testimonios, casi en serie, en el juicio político que impulsa la Comisión de la Cámara de Diputados, encabezada por Carolina Gaillard.
Este martes, el testigo estrella fue Héctor Daniel Marchi. ¿Quién es? Nadie menos que el exadministrador general de la Corte Suprema, quien cumplió funciones para el máximo tribunal hasta el pasado jueves 20 de abril, cuando los integrantes del organismo, por mayoría absoluta, lo destituyeron. ¿El motivo? Presentó un informe de más de 20 mil hojas donde evidenció las exuberantes anomalías financieras de la obra social del Poder Judicial, cuyo control depende totalmente de la Corte.
Este "escarmiento" derivó en un karma instantáneo, y es que Marchi, que se encontraba citado como testigo en el avance del juicio político, finalmente concurrió a la Cámara Baja y vomitó su verdad. Lo que develó es preocupante. El contador, que trabajó más de 15 años para la Corte, denunció que tanto él como sus colaboradores sufren amenazas y seguimientos diarios.
"He sufrido seguimientos y hay amenazas contra funcionarios que colaboraron conmigo. Genera mucha presión en mí, pero no me impide venir y contar la verdad, y ayudarlos a avanzar en este tema tan importante", manifestó Marchi frente a la Comisión, con notable angustia.
Tras esto, pronunció en voz alta lo obvio: su "traslado" laboral hacia la Cámara de Apelaciones no fue un impulso protector ni mucho menos: la medida fue única y exclusivamente punitoria, y no solo lo afectó a él, sino a todos los involucrados en el análisis de la Auditoría, que sufrieron destinos similares.
El clima en la Comisión se tornó tenso conforme Marchi declaraba, y es que cabe destacar que el informe de irregularidades que elevó no es para nada trivial, sino todo lo contrario. Llevará a la Corte a enfrentar acusaciones por la "pérdida" de 3.000 millones de pesos y el "extravío" de miles de medicamentos, además de una práctica repudiable: la adquisición de fármacos para la obra social no se realizaba a través de licitaciones transparentes, sino con contrataciones directas.
Estos contundentes datos se suman al expediente que construye la Comisión de Juicio Político para enjuiciar a los 4 integrantes del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Están acusados, entre otras cosas, de tráficos de influencias y aceptación de dádivas, tras un escándalo revelado con la filtración de mensajes del vocero de Rosatti, Silvio Robles, con el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, que renunció sin defensa y bajo presión. A esto se le suma lo denunciado por Marchi que, aunque fue desplazado de su cargo, aportó información potencialmente crucial para llevar justicia al organismo que debería impartirla.
Por Facundo Xavier Ferrera Flores, para Nuevo Diario
