No es sorpresa que se haya convertido en un fenómeno mundial. Acompañado de cifras convincentes, Nayib Bukele se convirtió en uno de los presidentes más polémicos de los últimos tiempos, además del más joven.
Asumió el 1º de junio de 2019 con tan solo 37 años. Fue noticia mundial. Los periódicos salvadoreños engrandecían al político, que había logrado romper con el histórico bipartidismo del país centroamericano y prometía el "cambio". Y en efecto, logró un cambio. ¿Pero a qué costo?
Desde el comienzo de su gestión, Bukele aseguró que iba a salvar al país del principal cáncer que sufría: la escalada de violencia "marera", es decir, las pandillas. En 2019 hubo 2.398 homicidios. El Salvador era el país más violento del mundo con un promedio de 6,5 asesinatos por día. Y a pesar de ser una cifra terrible, era mejor que la del año anterior, con casi mil homicidios menos. 948 para ser exactos. Evidentemente, Nayib se atribuyó el logro, llevando tan solo seis meses a la cabeza del Estado. Y no era más que el comienzo.
En 2020 llegó la pandemia, y otra bajada drástica de casos. Con 1.322 homicidios, Bukele había logrado mermar las muertes violentas en un 45% con respecto al 2019. Esto sería el envión para convertirse en el polémico mandatario que es ahora.
Adelantemos rápido y lleguemos al 27 de marzo de 2022: por orden de Bukele, se instaura el régimen de excepción en el país. Los militares salen a la calle en una declarada guerra a las "maras". Tan solo dos días después, se vive uno de los días más trágicos en el país. En un infructuoso intento de amedrentar a las autoridades para continuar con el narcoestado, el 29 de marzo de 2022 los pandilleros disparan a diestra y siniestra a civiles en la calle. El Gobierno contabilizó al menos 69 decesos, una nefasta cifra que no se veía desde la guerra civil.
La respuesta del aclamado Nayib fue acorde, que no significa correcta: endurecer aún más los operativos. Cercar localidades. Detener, o en su defecto matar, a todo pandillero que se cruce. Un simple tatuaje con el número 18 —que hace referencia a la "mara" Barrio 18— habilitaba a las Fuerzas Armadas a disparar. Y así continúa hasta el día de hoy.
Hasta la fecha, hay más de 64 mil detenidos en El Salvador, y las cifras demuestran que pasó de ser el país más violento del mundo a uno de los más seguros de Latinoamérica. Son hechos. Las impresionantes imágenes difundidas por el Gobierno de miles de pandilleros siendo trasladados a una "megacárcel" exclusiva de "mareros" generó una catarata de halagos e incluso pedidos de instauración de políticas similares —por no decir iguales— en los países hermanos. Hay dos únicos detalles que se suelen perder, y es que las detenciones son técnicamente ilegales y la provisión de comida es arbitraria. Sin juicio previo, los detenidos comparten reclusión con miles de pandilleros de manera indefinida. Sin comida, sin camas, con escasa higiene y con probabilidad nula de reinserción. Y lo avala un decreto.
Y llegamos a Argentina, específicamente a Rosario. El indomable índice de criminalidad finalmente acaparó la atención del Ministerio de Seguridad tras la amenaza a Messi. El pueblo clama por un Bukele argentino y desestima los derechos humanos. Quieren "reventar" los búnkers narcos, y a pesar que por Ley las Fuerzas Armadas no pueden intervenir, piden sus cabezas. "Se lo merecen", argumentan. Pero el mero hecho de "merecer" no justifica el terrorismo de Estado.
Sí, terrorismo de Estado. Pedir un Bukele en Argentina es negarse a mirar al pasado de nuestro país. Los "decretos de aniquilamiento" firmados en 1975 serían el preludio de una sangrienta y oscura etapa de nuestra historia. Al igual que en El Salvador, las Fuerzas Armadas tomaron las calles. Al igual que en El Salvador, actuaron bajo el aval de un decreto. Y al igual que en El Salvador, aseveraban reducir el crimen y velar por la seguridad civil en un panorama subversivo.
El atroz "Proceso de Reorganización Nacional" costó la desaparición de 30 mil personas, además de incontables horrores que perduraron 7 años. Y hoy claman por un Bukele, cuya descripción en Twitter consignaba "el dictador más cool del mundo mundial", para nuestro país. Y es que el carismático salvadoreño supo exactamente cómo llevarse la aceptación al bolsillo.
Y aunque son contextos distintos, la consigna es la misma. El poder concentrado y la aceptación popular puede derivar en inhumanidades que parezcan justificar algún fin. Pero el fin no justifica los medios, más habiendo antecedentes y sabiendo que el verdadero fin podría mutar a un Juicio de las Juntas.
Es por esto mismo que los Organismos Internacionales de Derechos Humanos acumulan denuncias en su contra. El Estado debe cuidar al ciudadano y reinsertar al criminal, respetando los debidos procesos judiciales en el medio, que para algo están: asegurar una defensa justa del encartado. Si el Estado adopta una posición criminal, en nada difiere de su enemigo.
Por FXFF
