La Justicia de Brasil procesó formalmente a Eduardo Ignacio Murias, un arquitecto santiagueño de 63 años, acusado de los delitos de injuria racial y racismo tras un episodio ocurrido en un tren turístico del estado de Minas Gerais.
La resolución fue adoptada luego de que un juez aceptara la denuncia presentada por el Ministerio Público, que sostiene que el argentino fotografió sin autorización a un niño brasileño de siete años y posteriormente compartió las imágenes en grupos de WhatsApp junto a mensajes de contenido discriminatorio.
Murias permanece detenido desde el 25 de mayo en una unidad penitenciaria de São João del-Rei, ciudad donde se inició la investigación.
De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió a bordo del tradicional tren turístico "Maria Fumaça", que conecta las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes. Según la pesquisa, el acusado tomó varias fotografías del menor que viajaba junto a su madre y luego las envió a contactos en Argentina.
Entre los mensajes incorporados a la causa aparecen expresiones que relacionaban al niño con la esclavitud. Los investigadores sostienen que esas manifestaciones constituyen elementos centrales para la imputación por racismo.
El episodio salió a la luz gracias a una pasajera que viajaba detrás del acusado. La mujer declaró que observó cómo Murias enviaba las imágenes acompañadas por frases ofensivas y stickers de monos. Tras advertir la situación, alertó a la madre del niño, quien pudo constatar el contenido de los mensajes.
A partir de la denuncia, la Policía Civil de Minas Gerais intervino y detuvo al arquitecto argentino en flagrancia.
La situación judicial
Con la aceptación de la denuncia, la causa ingresó formalmente en la etapa penal y el procesamiento complicó aún más la situación del santiagueño.
El fiscal Felipe Guimarães Amantéa rechazó la posibilidad de aplicar mecanismos alternativos que evitaran el juicio, al considerar que los delitos investigados están vinculados a hechos de racismo, una conducta que la jurisprudencia brasileña considera de especial gravedad.
Según la legislación del país vecino, una eventual condena podría superar los cuatro años de prisión, lo que habilitaría el cumplimiento efectivo de la pena bajo régimen cerrado.
Qué argumenta la defensa
Los abogados de Murias adelantaron que cuestionarán la calificación legal aplicada por la Justicia.
La estrategia defensiva sostiene que los mensajes fueron enviados en conversaciones privadas y que no existió una exposición pública directa hacia la víctima. Además, consideran que la imputación por dos delitos derivados de un mismo episodio podría representar una doble persecución penal.
También señalaron que la denuncia fue impulsada con rapidez para consolidar la situación procesal del acusado mientras continúan tramitándose distintos recursos judiciales.
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Cómo sigue la causa
Tras el procesamiento, el expediente avanzará hacia la etapa de instrucción.
En las próximas semanas la defensa deberá presentar su respuesta formal a la acusación y posteriormente el tribunal fijará el calendario de audiencias.
Está previsto que declaren la madre del niño, familiares, la pasajera que detectó los mensajes, los peritos encargados de analizar el teléfono secuestrado y el propio acusado.
Una vez concluida esa instancia, la Justicia brasileña quedará en condiciones de dictar sentencia.
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