El arquitecto santiagueño Eduardo Ignacio Murias, detenido en el estado brasileño de Minas Gerais desde el pasado 25 de mayo, sufrió un nuevo revés judicial luego de que el magistrado a cargo de la causa rechazara el pedido de revocación de la prisión preventiva presentado por su defensa.
La resolución judicial determinó que Murias, de 63 años, continúe alojado en una unidad penitenciaria mientras avanza la investigación en su contra por el delito de injuria racial, una figura que en la legislación brasileña es equiparada al racismo.
Según trascendió, el juez fundamentó la negativa en la gravedad de los hechos investigados, el posible riesgo de reincidencia y, especialmente, el peligro de fuga.
La defensa del santiagueño había solicitado su liberación argumentando supuestos malos tratos sufridos dentro de la cárcel. Frente a esas denuncias, la Justicia dispuso la realización de un examen médico legal para constatar posibles lesiones y ordenó además que se adopten medidas para preservar su integridad física, incluyendo un eventual traslado de celda.
Ver también | Estafaba a abuelitos y les robaba su jubilación
Murias permanece imputado luego de un episodio ocurrido en un tren turístico, donde habría fotografiado a un niño de siete años y posteriormente enviado mensajes por WhatsApp con expresiones de contenido racista, indicando que podía “llevarlo de esclavo”.
El caso generó fuerte repercusión tanto en Brasil como en Santiago del Estero debido a la gravedad de las acusaciones y al endurecimiento de la legislación brasileña en materia de discriminación racial.
La pena que podría enfrentar
La situación judicial del arquitecto se encuentra encuadrada dentro de la Ley Nº 14.532, promulgada en Brasil en enero de 2023 durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La normativa reformó la Ley de Delitos Raciales y estableció penas más severas para casos de injuria racial, contemplando condenas de entre dos y cinco años de prisión efectiva, además de multas económicas.
En Brasil, este tipo de delitos son considerados graves, no excarcelables y sin posibilidad de prescripción.