La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", solicitó su excarcelación y denunció que permanece bajo un régimen de aislamiento excesivo en el penal federal de Marcos Paz, donde se encuentra detenido tras ser procesado por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela.
El pedido fue realizado por su abogado, Lucas Contreras, quien presentó una apelación contra el procesamiento dictado recientemente y, de manera paralela, impulsó un hábeas corpus para cuestionar las condiciones en las que permanece alojado su defendido.
Según sostuvo el letrado ante la Justicia Federal, el acusado permanece durante gran parte del día en una celda individual, con severas restricciones para mantener contacto con otras personas y con limitadas posibilidades de comunicación con sus familiares.
La defensa consideró que estas condiciones constituyen un aislamiento extremo y solicitó que se declare la inconstitucionalidad del régimen de máxima seguridad aplicado en este caso. Además de pedir la libertad inmediata del acusado, propuso como alternativa su traslado a un sector penitenciario con menores restricciones.
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Entre los planteos realizados, el abogado también solicitó que se autoricen al menos dos videollamadas semanales con su madre y su hermana, quienes residen en Perú.
El reclamo se conoció pocos días después de que el juez federal Jorge Rodríguez procesara a "Pequeño J" como presunto coautor del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, un crimen ocurrido el 19 de septiembre de 2025 que conmocionó a todo el país.
La imputación incluye la figura de homicidio agravado por diversas circunstancias, entre ellas el concurso premeditado de varias personas, la alevosía, el ensañamiento y la violencia de género. En caso de ser condenado, podría recibir la pena de prisión perpetua.
Por otra parte, la defensa cuestionó la consistencia de la acusación y afirmó que no existen pruebas concluyentes que sitúen a su cliente en la escena del crimen. Mientras tanto, la investigación continúa avanzando y la Justicia Federal analiza además posibles conexiones del caso con organizaciones vinculadas al narcotráfico y otras actividades delictivas.