Un importante procedimiento de inspección realizado en establecimientos rurales de Añatuya dejó al descubierto una alarmante situación de presunta explotación laboral que afectaba a 75 trabajadores, varios de ellos menores de edad.
El operativo fue desarrollado de manera articulada por delegados de UATRE, RENATRE, la Secretaría de Trabajo, Gendarmería Nacional, COPRETI y la Justicia Federal, quienes llevaron adelante controles en distintos predios agrícolas de la región.
En el establecimiento San Felipe, los inspectores detectaron a 21 personas trabajando en un contexto de extrema precariedad. Entre ellos se encontraban dos adolescentes, situación que activó de inmediato los protocolos vinculados a la erradicación del trabajo infantil.
Empleo informal, bajos salarios y condiciones indignas
Las actas labradas durante la fiscalización revelaron que ninguno de los trabajadores relevados en ese predio estaba debidamente registrado, además de percibir haberes considerablemente inferiores a los establecidos por la normativa laboral vigente.
En una segunda propiedad rural inspeccionada, las autoridades identificaron a 54 trabajadores más. Solo uno de ellos contaba con registración formal, acceso a aportes legales y cobertura social, lo que significa que el 98% del personal se encontraba en situación irregular.
Los informes técnicos también advirtieron severas falencias en materia de seguridad, habitabilidad y protección laboral, describiendo un escenario de total vulnerabilidad para quienes realizaban tareas rurales de alta exigencia física.
Intervención judicial y posibles sanciones
Tras comprobarse las múltiples infracciones, los organismos intervinientes avanzaron con las actas correspondientes y dieron participación a la Justicia Federal, que ahora investiga posibles responsabilidades penales y administrativas por explotación laboral, incumplimiento de derechos laborales y violación de normas que prohíben el trabajo infantil.
Desde UATRE remarcaron su postura frente a este tipo de situaciones y ratificaron su compromiso para erradicar prácticas que atenten contra la dignidad de los trabajadores rurales.
Además, solicitaron a la comunidad colaborar mediante denuncias anónimas para ayudar a detectar nuevos casos y prevenir este tipo de delitos en la provincia.
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