La investigación por el crimen de Benjamín Gutiérrez registró un avance determinante luego de que Jorge Lucero admitiera ante la Justicia haber asesinado al niño de 3 años y ejercer durante un largo período una violencia extrema contra los otros tres menores de la familia.
La causa había comenzado tras la desaparición del pequeño en la localidad tucumana de Atahona. Durante meses no hubo certezas sobre su paradero hasta que, en el marco de la pesquisa, el propio acusado señaló el sitio donde había enterrado el cuerpo, lo que permitió concretar el hallazgo.
En una audiencia realizada bajo la modalidad de juicio abreviado ante un tribunal de Concepción, Lucero reconoció haber provocado la muerte de Benjamín tras golpearlo con un ladrillo en la cabeza.
Además, confesó que sometía a sus otros hijos a castigos constantes utilizando distintos elementos, entre ellos látigos, hierros y machetes, en un contexto de violencia que, según la investigación, se extendió durante años.
En su declaración también asumió la responsabilidad por la muerte de Rodrigo, otro de sus hijos, quien falleció cuando tenía apenas 11 meses. En aquel momento, el deceso había sido atribuido a una broncoaspiración y el expediente fue archivado, aunque las nuevas pruebas llevaron a revisar ese episodio.
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Las denuncias que impulsaron la investigación
El expediente se inició gracias a las presentaciones realizadas por las abuelas materna y paterna de Benjamín, quienes comenzaron a sospechar al notar que el niño nunca aparecía junto a sus hermanos durante las reuniones familiares.
Las explicaciones que recibían de los padres eran contradictorias y, con el paso del tiempo, los testimonios de los otros menores resultaron determinantes para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.
Los hermanos describieron reiteradas escenas de violencia y relataron que Benjamín había sufrido una agresión que terminó provocando su muerte. Esas declaraciones se transformaron en una de las principales evidencias para orientar la investigación hacia un homicidio.
A partir de esos elementos, la Justicia ordenó medidas de protección para los menores sobrevivientes y dispuso allanamientos y rastrillajes en la vivienda familiar de Atahona. Durante esos procedimientos fueron encontrados restos óseos que luego permitieron confirmar el desenlace del caso.
La investigación también mantiene imputada a Romina Gutiérrez, madre del niño, por su presunta participación en los hechos y por no haber impedido la violencia ejercida contra sus hijos.
La Fiscalía sostiene que ambos adultos convivían en un entorno marcado por el maltrato permanente hacia los menores, situación que habría permanecido oculta durante varios años.
El expediente también dejó al descubierto posibles fallas institucionales. La muerte de Rodrigo había sido archivada tiempo atrás bajo la hipótesis de una broncoaspiración, pese a que familiares aseguraban que el bebé presentaba lesiones compatibles con malos tratos.
Las abuelas de Benjamín mantuvieron durante meses el reclamo para conocer qué había ocurrido con el niño y continuaron insistiendo cuando aún no existían respuestas sobre su desaparición.
Con la confesión de Jorge Lucero, la causa dio un paso clave hacia su resolución judicial. Ahora el tribunal deberá determinar la pena que recibirá el acusado, mientras continúa la investigación para establecer las responsabilidades que podrían corresponder a la madre. El caso quedó entre los antecedentes más graves de violencia infantil registrados en Tucumán y volvió a poner el foco sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de detección y protección de niños víctimas de maltrato.
