Una joven de 24 años, domiciliada en la zona sur de la ciudad Capital, se encuentra embarazada y decidió irse a vivir con su pareja. Lo primero que hizo al dejar la casa paterna y en los primeros pasos de su nueva vida, fue trasladarse a la Comisaría de la Mujer y la Familia Nº 5, ubicada en el predio de la Departamental 3, donde denunció los abusos sexuales que sufrió desde los 8 y hasta los 15 años. La víctima expuso los aberrantes hechos en aquella oportunidad ante familiares, pero no le creyeron y hasta uno de ellos sostuvo que podría tratarse de un “juego” de menores.
La mujer indicó que el autor de los abusos fue su primo, quien actualmente tiene 31 años y reside en otra provincia. Comenzó con los manoseos en sus partes íntimas cuando ella tenía 8 años y él, 15. Con el paso del tiempo sumó los besos en la boca y la obligaba a que le practicara sexo oral, tras lo cual la intimidaba para que no contara nada.
Sin embargo, la menor se armó de coraje y le contó lo que sufría a sus padres, quienes no le creyeron. Ante la insistencia, los progenitores le preguntaron al sospechoso, quien negó las acusaciones. Asimismo, el padre habló con su hermano y progenitor del acusado, quien dudó de las acusaciones y sostuvo que posiblemente se trataba de un “juego” de chicos.
La víctima reveló que los abusos sexuales se concretaban en las reuniones familiares, ocasión en la que su primo la llevaba bajo engaños a lugares apartados de los presentes para concretar los aberrantes hechos.
A causa de los abusos y de que sus familiares no le creían, comenzó a autoflagelarse a los 12 años. Se realizaba cortes en los brazos y las piernas con intenciones de quitarse la vida, y hasta se cortaba el pelo. Sufría de ataques de pánico y hasta requirió de asistencia psiquiátrica con los intentos de suicidio. La embarazada, quien actualmente recibe asistencia psicológica por el trauma sufrido, expuso ante los policías que necesitaba imperiosamente de realizar la denuncia para tratar de dejar atrás una etapa horrorosa de su vida y que se haga justicia.
El hecho fue informado a las autoridades de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, quienes ordenaron que se concretaran diversas medidas procesales.
