Una mujer domiciliada en el barrio Cáceres, que junto a su pareja se encuentra acusada de dedicarse a comercializar drogas, sufrió un revés judicial ayer toda vez que el Dr. Rodolfo Améstegui, juez de Control y Garantías para la Circunscripción Capital, le dictó la prisión preventiva por el término legal de un año.
Sin embargo, el magistrado hizo lugar al planteo de la abogada Jorgelina Alfaro —defensora de la inculpada—, quien solicitó el arresto domiciliario de la imputada Olga Francisca Santillán, tras acreditar con certificados médicos los problemas de salud que esta presenta actualmente.
La medida aún no fue efectivizada ya que resta realizar un estudio socioambiental y la acreditación del nuevo domicilio donde la imputada residirá a partir de ahora.
La letrada también había solicitado un cambio en la calificativa impuesta a su asistida, de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a tenencia simple, pero el planteo fue rechazado.
En la causa también está imputado Lucas Armando Murúa, quien junto a la imputada Santillán fue detenido el 1 de marzo del presente año.
Les secuestraron envoltorios que contenían marihuana, dinero, un arma de fuego y otros objetos.
