La Dra. María Carolina Salas, jueza de Control y Garantías para la Circunscripción Capital, dictó la prisión preventiva para el empleado de una distribuidora de alimentos y bebidas, situada en la calle Independencia del barrio Reconquista de la Capital, y también para su cómplice, quienes están acusados de haber perpetrado una millonaria defraudación en perjuicio de la firma comercial, cuyo monto se calcula en unos 35 millones de pesos.
Tal medida fue solicitada por la Dra. Victoria Sottini, representante del Ministerio Público Fiscal, y se aplicó -por el plazo de seis meses- a Víctor Antonio Luna y Pablo Alejandro Rojas, a quienes se imputa el delito de estafa y administración fraudulenta en perjuicio de la distribuidora, hecho por el que fueron detenidos el 6 de marzo del corriente año.
El fraude endilgado
En el transcurso de la audiencia, la fiscal Sottini detalló las evidencias colectadas hasta el momento, indicando que el hecho ocurrió en noviembre de 2024, cuando Luna -empleado de la distribuidora- en connivencia con Rojas, acordó ingresar cheques a nombre de una cooperativa de trabajo en concepto de pago a la empresa en su carácter de comprador.
A cambio, Luna habría entregado sumas de dinero a Rojas, con el objetivo de beneficiarse ambos con dicha maniobra. Luego tales valores resultaron incobrables, lo cual produjo a la firma un perjuicio económico de 35.772.455,75 millones de pesos, según lo establecieron las pericias.
Planteos de las partes
Ayer la fiscal Sottini fundamentó su pedido de preventiva en los peligros procesales que consideró vigentes, además de opinar que los requisitos exigidos por la ley -para el dictado de tal medida- estaban cumplidos, entre otros argumentos esgrimidos.
Los Dres. Sergio Crespín y Martín Lencina, abogados defensores de los inculpados, se opusieron al requerimiento fiscal y sostuvieron la total inexistencia de los riesgos procesales, solicitando que sus asistidos sean excarcelados, lo cual fue rechazado por la jueza.
