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Policiales #Detenidos

Policías admitieron que entregaban las motos por dinero

Se cree que hay más efectivos involucrados.

Hasta el momento son 6 los implicados en la causa de entrega ilegal de motos, según la investigación llevada adelante por el fiscal Dr. Hugo Herrera, que avanza. De ellos, 4 son policías y los otros 2, civiles. Dos de los uniformados excarcelados son el oficial ayudante Pablo Gonzalo Pineda y la cabo Vanesa Verónica Elías. A estos se sumó Carlos Alberto Trejo (46)

Gustavo Rodolfo Amaya (44). Y dos civiles, identificados como Carlos Orellana y Juan “Guengue” Elías, este último primo de la cabo Elías.

 

Más involucrados 

 

En tanto, fuentes oficiales afirmaron que podría haber más policías involucrados. Aduciendo de esta manera una red mucho más compleja de entrega ilegal de los motovehículos. 

Por tanto, desde la sociedad bandeña se hace notar el descontento de la comunidad, ante ya cuatro implicados que forman parte de la fuerza policial. En este plano siendo un delito excarcelable y que a los uniformados se caratula su participación como  hurto agravado por la condición de pertenecer a la fuerza. Siendo estos los que debían cuidar los bienes y fue todo lo contrario. 

De acuerdo con la investigación, civiles se encargaban de sacar las motos para luego de manera ilegal entregar presuntamente bajo un cierto monto de dinero las motos secuestradas. 

Aparentemente, la cabo primero sería la líder de este grupo delictivo.

Aunque en el procedimiento efectuado no se descarta que se lleven a cabo nuevas detenciones por dicha causa.

 

Búsqueda de las perdidas 

Dentro del ámbito del proceso jurídico afirmaron que se continúa con la búsqueda de más motos. Que las investigaciones siguen su curso y que los policías encarcelados aún siguen implicados en la causa, pero fuera de las rejas. 

Al principio de esta causa se efectuaron dos allanamientos que arrojaron el secuestro de dos rodados, infracciones y actas de entrega de los motovehículos. 

Los civiles involucrados afirmaron que daban entre $ 1.000 a $ 1.500 por cada moto entregada de manera ilegal, mientras que lo demás era para el policía. 

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