En un fallo por mayoría, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes emitió una condena de seis años de prisión contra el exjuez federal Carlos Soto Dávila, quien durante 22 años ejerció como magistrado con competencia electoral en la provincia de Corrientes. Soto Dávila fue encontrado culpable de los delitos de cohecho pasivo agravado y prevaricato en casos judiciales donde se benefició a narcotraficantes que operaban en la ciudad de Itatí. Sin embargo, fue absuelto de la acusación de ser jefe de una asociación ilícita.
Además de la condena, Soto Dávila, de 75 años, fue inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos. También fueron condenados Pablo Molina y Federico Grau, ambos exsecretarios penales del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes. Molina recibió una pena de cinco años de cárcel por los delitos de cohecho y prevaricato como partícipe necesario, mientras que Grau fue condenado a cuatro años de prisión por cohecho y prevaricato en calidad de partícipe necesario. Ambos exsecretarios penales también fueron absueltos de la acusación de asociación ilícita.
El veredicto fue emitido por los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel Moreira y Rubén Quiñones, con este último en minoría. Los fundamentos de la sentencia serán anunciados el 16 de agosto próximo.
Durante el alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 15 años de cárcel para Soto Dávila, y 12 y 9 años de prisión para Molina y Grau, respectivamente.
El fiscal federal Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), declaró al inicio del alegato: "Se está juzgando a un exjuez federal y a sus dos exsecretarios penales por cobrar dádivas en forma sistemática pagadas por grupos narcocriminales para asegurarse la impunidad de funcionamiento".
Además de los funcionarios judiciales, también fueron condenados abogados que defendían a los narcotraficantes implicados en el caso. Sin embargo, el tribunal absolvió al exintendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone.
Los jueces Iglesias, Quiñones y Moreira, que emitieron el fallo, ejercen sus funciones en Chaco, Formosa y Misiones, respectivamente. Fue necesario recurrir a magistrados de otras jurisdicciones debido a que los jueces de Corrientes se excusaron de intervenir en el juicio.
En su alegato, el auxiliar fiscal Martín Uriona afirmó: "No se puede combatir el narcotráfico si no terminamos y combatimos la corrupción, y menos aún si esa corrupción se encuentra enquistada en un sector del Poder Judicial que debe impartir Justicia y sancionar las conductas delictivas que ponen en riesgo la salud pública y la seguridad ciudadana".
