Las elecciones legislativas en Misiones, con una participación que apenas superó el 50%, marcan un punto crítico en la relación entre la ciudadanía y el sistema político. No se trata de un fenómeno aislado: la baja participación electoral también se replicó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde solo el 53,3% del padrón asistió a las urnas, números históricamente bajos si se tiene en cuenta que la media habitual ronda el 77%.
Misiones, en particular, registró el ausentismo más alto de los últimos 50 años, un dato tan contundente como preocupante. Aunque el oficialismo local, representado por Sebastián Macías del Frente Renovador de la Concordia, logró imponerse, lo hizo en un contexto de indiferencia ciudadana que pone en duda la legitimidad del resultado más allá de los números.
La pregunta es inevitable: ¿por qué la gente ya no vota? Algunos sectores políticos podrían verse tentados a responder que es apatía o desinterés. Pero sería un error subestimar la profundidad de este fenómeno. La abstención masiva no es desidia, sino una forma de protesta silenciosa. La ciudadanía no encuentra representación, no confía en las promesas de campaña ni en las estructuras partidarias tradicionales. La crisis de credibilidad en los políticos es más grave que nunca.
Este desinterés, que antes era más notorio en los grandes centros urbanos, hoy se expande también en provincias históricamente activas en términos electorales. Santa Fe con un 55,6% de participación y Chaco con 52% reflejan la misma tendencia. Las cifras no mienten: la democracia argentina está atravesando un proceso de desgaste y desconexión con la voluntad popular.
Lo más inquietante es que el sistema no parece alarmarse. La maquinaria electoral sigue funcionando, los resultados se computan y los cargos se asignan, pero se omite una realidad que debería encender todas las alarmas: la mitad del electorado ya no cree en el sistema. Parte de esta problemática seguramente se debe a la falta de creación de obra pública nueva, mantenimiento de la ya existente, y toda referencia social abandonada por el Gobierno Nacional, hace que el electorado no comprenda o no se comprometa en seguir su derecho al voto.
Otro factor es que, ante la inflación, sigue siendo muy bajo el valor de la multa económica por no votar, que oscila entre $1.000 y $2.000, según la cantidad de infracciones que reúna el ciudadano, considerando las elecciones previas.
Este escenario interpela tanto a los dirigentes como a la ciudadanía. Porque la democracia no se agota en votar, pero sin participación ciudadana no hay democracia sólida posible. Las campañas vacías, los discursos desconectados de la realidad cotidiana, los actos de odio y la falta de renovación real en la política alimentan una desilusión que se expresa, cada vez con más fuerza, en el voto ausente.
Dalton Sayago
Redacción del Nuevo Diario
