La reciente controversia en torno a las declaraciones del presidente Javier Milei sobre el arancelamiento de las universidades públicas ha encendido nuevamente el debate sobre el acceso a la educación superior. Si bien el mandatario intentó aclarar sus palabras asegurando que "la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada", sus comentarios previos revelaron una postura que parece alinearse con una visión elitista de la educación.
Milei afirmó inicialmente que solo los hijos de familias ricas pueden acceder a la universidad pública, una declaración que, además de generar indignación, refleja un profundo desconocimiento de la realidad social y económica de los estudiantes universitarios. Las estadísticas muestran que casi la mitad de los estudiantes de universidades públicas están por debajo de la línea de pobreza, una realidad que desmiente sus afirmaciones, y que va en aumento debido a las medidas del Gobierno nacional. Más aún, la universidad pública sigue siendo una herramienta de movilidad social, particularmente para aquellos que son la primera generación de universitarios en sus familias.
Universidades, tomadas
Las reacciones no se hicieron esperar. Tomadas o en protesta, las universidades nacionales han alzado su voz contra lo que consideran una amenaza a la estabilidad del sistema educativo. Las manifestaciones, encabezadas por estudiantes y docentes, no solo denuncian los dichos del presidente, sino también la crítica situación salarial de los docentes, un problema que, como el mismo Milei señaló, lleva décadas sin solución, afirmando que durante su mandato no se solucionará.
Resulta paradójico que mientras el presidente acusa a las universidades de ser focos de financiamiento para "la mugre de la política", se desentiende de la precarización laboral del sector docente, un problema estructural que afecta tanto a las casas de estudio como a los estudiantes. Si bien Milei abrió la puerta a la posibilidad de un nuevo debate legislativo sobre los salarios docentes, su rechazo inicial a la ley aprobada por el Congreso expone una falta de compromiso con uno de los sectores más vulnerables del sistema educativo.
La postura ambivalente de Milei, por un lado reafirmando la gratuidad universitaria, y por otro, cuestionando el uso de los fondos públicos y señalando a la comunidad universitaria como cómplice de la corrupción, parece una maniobra política para calmar las aguas sin abordar el problema de fondo, algo así como confundir a la opinión pública para tapar sus medidas, algo recurrente en su Gobierno. La educación pública en Argentina no es perfecta, pero sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la igualdad de oportunidades en un país marcado por profundas desigualdades. Reformar el sistema educativo requiere un análisis integral y una discusión abierta, no declaraciones incendiarias que buscan más dividir que construir.
La universidad pública es, y debe seguir siendo, un derecho garantizado para todos los argentinos que busquen un mejor futuro, independientemente de la clase social o el origen económico. Las críticas a la gestión de los fondos deben ser debatidas, pero siempre en un marco que respete la autonomía universitaria y el acceso irrestricto a la educación.
Por DS, Redacción del Nuevo Diario.
