El Congreso es el ámbito en el cual el Ejecutivo se ve obligado a negociar en forma recurrente y la semana pasada se puso en evidencia una vez más, al ser frenados cuatro proyectos importantes. El primero y más relevante fue el Presupuesto 2017, del que el Ejecutivo esperaba tener despacho de comisión el jueves pasado y no lo logró. Ello obligó al oficialismo a una nueva ronda de negociación durante el fin de semana con las bancadas del peronismo disidente que responden a Massa y Bossio. El problema se resolvió esta semana en Diputados y la Casa Rosada espera llegar a fin de mes con la aprobación de ambas cámaras. Otro fue la reforma electoral, que tiene media sanción en Diputados, pero es resistida en el Senado, donde el voto electrónico va sumando cuestionamientos que combinan intereses de la política tradicional con vulnerabilidades informáticas.El tercer proyecto se vio frenado en Diputados y fue el de “participación público privada”, para dar marco legal a la inversión privada en la obra pública. En este caso fueron las críticas del peronismo disidente las que lo frenaron. Por último, se frenó en Diputados el proyecto para reformar el Ministerio Público, cuyo objetivo real era desplazar a la procuradora general de la Nación (Gils Carbó). En este caso fue la crítica de Carrió, es decir desde las mismas filas de Cambiemos la que lo frustró, ya que tenía dictamen de comisión firmado por el PRO y los legisladores de Massa. Aunque a Cambiemos lo cueste aceptarlo, el peronismo disidente sigue siendo clave para la gobernabilidad y por eso la gobernadora de Buenos Aires (Vidal) tuvo un encuentro con el líder del Frente Renovador para evitar que las disidencias en el ámbito nacional dañen sus acuerdos provinciales.
Con la vista puesta en las elecciones del año próximo, Cambiemos relanzó su Mesa Nacional, tratando de mostrar que no hay disidencias. Pero la imposibilidad de realizar una conferencia de prensa —como en oportunidades anteriores— y los rostros de Macri, Sanz, Carrió, Michetti y Vidal mostraban más tensiones que alegría, la que suele caracterizar la comunicación del oficialismo. El problema es que tras frustrarse el proyecto para desplazar a la procuradora, la relación entre la líder de la Coalición Cívica y la Casa Rosada no parece ser igual. Al mismo tiempo, si bien el radicalismo ha decidido mantenerse en Cambiemos, considera que no es suficientemente escuchado. Cabe señalar que un voto radical fallido hizo fracasar en Diputados la media sanción del proyecto de participación público privada la semana pasada. Cambiemos se divide en la Ciudad de Buenos Aires, donde el radicalismo apoyaría la candidatura de Lousteau como primer candidato a diputado y el PRO y la Coalición Cívica podrían enfrentarlo con la de Carrió. El radicalismo también ha roto en La Pampa y lo mismo podría suceder en alguna otra provincia. En Buenos Aires va cobrando fuerza la candidatura a senador nacional de Jorge Macri, primo del presidente e intendente de Vicente López.
Mientras las causas de corrupción avanzan sobre Cristina, el peronismo debate su unidad electoral, la que es relevante para el resultado bonaerense, que define el efecto electoral nacional. El escenario que pone en riesgo la victoria de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires es si el kirchnerismo (eventualmente con Cristina o Scioli de candidatos), Randazzo como candidato del peronismo y Massa (o el candidato que apoyara como puede ser su esposa), compitieran entre los tres, para que quede sólo uno de ellos. Si fuera así, Cambiemos podría perder la elección. Pero es un escenario improbable, ya que difícilmente Massa acepte competir en unas PASO de este tipo. Pero hay una señal en este sentido: el líder del Bloque Peronista (Bossio) —el otro sector del peronismo disidente— le ha pedido públicamente que vuelva al peronismo y esta idea fue discutida en la reunión de los intendentes peronistas (los grupos “Esmeralda” y “Fénix”), realizada la semana pasada en la Provincia de Buenos Aires, aunque rechazada por Máximo Kirchner al hablar en un acto en el sexto aniversario de la muerte de su padre. En cuanto a las causas de corrupción que afectan a Cristina, han vuelto a tomar velocidad en razón de que tanto el Ejecutivo como la Corte han pedido mayor actividad a los jueces, aunque no lo ha hecho el presidente. En el frente social, aunque ha sido neutralizada la posibilidad de un paro general, va tomando cuerpo una protesta social para la segunda quincena de noviembre. El Gobierno acordó con el “Trío de San Cayetano” (Barrios en Pie, CCC y CTEP) —el ala moderada de los Movimientos Sociales— darle los fondos para que realicen un relevamiento en las villas de emergencia para detectar un millón de niños que estarían en condiciones de recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) para otorgársela a través de ellos. Un sector del oficialismo justifica este tipo de acciones diciendo “hay que derrotar al populismo con sus propias armas”. Pero el 4 de noviembre se realizará una protesta de las dos centrales sindicales combativas (los dos sectores de la CTA), los movimientos sociales de diversas tendencias y organizaciones campesinas en representación de las economías regionales. El 10 de noviembre vence el plazo que el mencionado “Trío de San Cayetano” ha dado al Gobierno para que satisfaga sus demandas. Todas estas demandas han tomado cuerpo en el proyecto de ley de “emergencia social” que analizan los bloques opositores del Congreso. Por su parte la CGT decidió sumarse a la protesta nacional que estos sectores realizarán el 18 de noviembre.
En conclusión: el Congreso es un ámbito donde el Ejecutivo se ve obligado a negociar constantemente, con gobernadores en el Senado, el peronismo disidente en Diputados y a veces con su propia coalición; Cambiemos relanzó su “Mesa Nacional”, salvando la unidad pero sin poder superar las tensiones existentes, entre el PRO, la UCR y la CC de Carrió; sólo la unidad total del PJ puede poner en riesgo el triunfo oficialista en la provincia de Buenos Aires y ello por ahora es improbable. Más allá de lo que suceda judicialmente con Cristina y en el plano social, el Gobierno ha logrado postergar el paro nacional y negocia activamente con los movimientos sociales, pero ellos convergen con los sindicatos para una protesta el 18 de noviembre.
