Resulta algo sorprendente la cantidad de dudas, controversias y discusiones generadas por el (en apariencia) inminente fallo de la (nueva) Corte en torno a la cuestión del aumento tarifario.
Lo cierto es que el fallo parece jurídicamente bastante obvio en su núcleo y, políticamente (no obvio pero sí), previsible en principio.
Preocupada (de modo exagerado, como es común) por su propia situación o su propio estatus, frente al Gobierno, es esperable que el Tribunal suscriba un principio de apoyo general a la postura oficial, afirmando el (existente) derecho de cualquier gobierno de decidir sobre cuestiones básicas de política incluyendo, naturalmente, la fijación de un aumento de tarifas, incluso de un aumento significativo.
(Por ello también, el hábil requerimiento de urgente opinión a la procuradora, a la que dejaron encerrada en su laberinto).
Preocupada por las inversiones futuras (a partir de su creciente “sensibilidad empresarial”) es probable que anticipe su protección a eventuales medidas que puedan afectar a emprendimientos económicos (Vaca Muerta).
Preocupada como siempre por su legitimidad social, es dable esperar que la Corte afirme los límites que en este tipo de casos tiene el Gobierno, por ejemplo y de modo especial, en su obligación de celebrar audiencias.
En el mismo sentido, es dable esperar que hable de la razonabilidad de los aumentos, y hasta de la irrazonabilidad de algunos, pero el artefacto explosivo se lo deja, esperablemente, al Gobierno, no la va a desarmar ella.
(Algunos podríamos pedirle que se anime a considerar la posibilidad de evaluar cualquier medida económica a la luz de los compromisos constitucionalmente asumidos por el Estado en materia social, pero éste es otro cantar: el ámbito de lo pretendido y no de lo previsible).
Pero es en el marco de las referencias anteriores por donde, presumiblemente, y a la luz de su historia y limitaciones normativas, andaría la Corte.
Luego, como es propio del lugar donde vivimos, cualquier cosa puede pasar.Resulta algo sorprendente la cantidad de dudas, controversias y discusiones generadas por el (en apariencia) inminente fallo de la (nueva) Corte en torno a la cuestión del aumento tarifario.
Lo cierto es que el fallo parece jurídicamente bastante obvio en su núcleo y, políticamente (no obvio pero sí), previsible en principio.
Preocupada (de modo exagerado, como es común) por su propia situación o su propio estatus, frente al Gobierno, es esperable que el Tribunal suscriba un principio de apoyo general a la postura oficial, afirmando el (existente) derecho de cualquier gobierno de decidir sobre cuestiones básicas de política incluyendo, naturalmente, la fijación de un aumento de tarifas, incluso de un aumento significativo.
(Por ello también, el hábil requerimiento de urgente opinión a la procuradora, a la que dejaron encerrada en su laberinto).
Preocupada por las inversiones futuras (a partir de su creciente “sensibilidad empresarial”) es probable que anticipe su protección a eventuales medidas que puedan afectar a emprendimientos económicos (Vaca Muerta).
Preocupada como siempre por su legitimidad social, es dable esperar que la Corte afirme los límites que en este tipo de casos tiene el Gobierno, por ejemplo y de modo especial, en su obligación de celebrar audiencias.
En el mismo sentido, es dable esperar que hable de la razonabilidad de los aumentos, y hasta de la irrazonabilidad de algunos, pero el artefacto explosivo se lo deja, esperablemente, al Gobierno, no la va a desarmar ella.
(Algunos podríamos pedirle que se anime a considerar la posibilidad de evaluar cualquier medida económica a la luz de los compromisos constitucionalmente asumidos por el Estado en materia social, pero éste es otro cantar: el ámbito de lo pretendido y no de lo previsible).
Pero es en el marco de las referencias anteriores por donde, presumiblemente, y a la luz de su historia y limitaciones normativas, andaría la Corte.
Luego, como es propio del lugar donde vivimos, cualquier cosa puede pasar.
