El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora presentó ayer ante el Fiscal Federal en turno de Santiago del Estero, Dr. Pedro Simón una denuncia penal contra el Dr. Silvio Federico Robles, vocero del presidente de la CSJN, por los supuestos delitos de “tráfico de influencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, atento a las publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA, por el índice de coparticipación federal”, según indicó en un posteo en sus redes sociales.
En la misma, solicito como cautelar “la inmediata entrega de sus teléfonos de uso oficial, para la pronta aclaración de esta situación que está generando una gravedad institucional sin precedentes”.
Zamora afirmó además que, “hoy no solo vemos amenazado un pilar fundamental de la Nación, que es el federalismo, sino que además, frente a este hecho, se ve en crisis la institucionalidad misma del país y la vigencia del estado de derecho”.
Luego trascendió que el fiscal Simón se dirigió a la División Unidad Operativa Federal de Santiago del Estero a fin de que por su similar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a “intimar al señor Silvio Federico Robles (vocero del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) a efectos de que, con carácter de urgencia, deposite su teléfono celular y todo otro aparato de telefonía que tenga en uso habitual (personal u oficial) en la sede de la Secretaría”.
Al tiempo que se hace saber que se han habilitado la feria judicial, días y horas inhábiles para el trámite del presente.
El oficio lleva la firma del Dr. Simón, con fecha de ayer y su firma.
No se descartan “nuevos autores y/o partícipes a los ilícitos denunciados”
En relación a la denuncia presentada por el gobernador Zamora trascendió que conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del Código Procesal Penal nacional y teniendo en cuenta “los acontecimientos de público conocimiento ocurridos el 29 de diciembre en cuanto se han conocido mensajes presuntamente emitidos del teléfono de Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de diálogos con Silvio Flores, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti de la que surgen información que de ser ciertas serían conductas prohibidas a un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Por ello es que presenta denuncia formal en contra de Silvio Federico Flores “por considerarlo responsable de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público y/o los que se determinen en el curso de la investigación”.
Advirtiendo además que ello “sin perjuicio que eventuales medidas de prueba y diligencias procesales a encararse durante la etapa de instrucción permitan vincular nuevos autores y/o partícipes a los ilícitos aquí denunciados”.
Solicitan que el denunciado entregue teléfonos e informe si hizo modificación
La denuncia hace constar las publicaciones de medios de comunicación como Infobae y Diario Perfil con los chats filtrados, muchos de ellos vinculados a la causa por fondos de coparticipación que salió a favor de CABA y en contra de las provincias.
En la presentación del mandatario santiagueño realizada con el patrocinio legal de Fiscalía de Estado se afirma que, “de ser cierto el accionar del funcionario público denunciado conduce necesariamente a una infidelidad que atenta contra la Administración de Justicia en beneficio de una parte del proceso que no registra antecedentes en la historia de este Tribunal de una conducta tan censurable. Por ello, no corresponde el silencio o el ocultamiento, porque ello desprestigia a la Corte y podría afectar la honorabilidad de todos los jueces, funcionarios y o empleados de esa Corte y del Poder Judicial”.
Pide entonces se investigue la “conducta infiel del funcionario judicial y que podrían haber incidido en la resolución interlocutoria dictada beneficiando a una de las partes en la causa “coparticipación federal”.
Declaración jurada
Una de las medidas de prueba requerida solicita que “se llame al mismo —denunciado— para que el 3 de enero —hoy— a fin de que por escrito y con carácter de declaración jurada manifieste si ha efectuado modificaciones, borrado, suprimido información vinculada al tema que se investiga.
