La Justicia del Crimen de nuestra provincia investiga el repudiable accionar de dos empresarios bonaerenses, dos abogados del foro local, una escribana y dos empleados de los empresarios que se apropiaron ilegalmente de más de 250.000 hectáreas pertenecientes a campesinos, pueblos originarios y gente pobre, muchos de ellos analfabetos y en estado de indefensión.
Las investigaciones surgieron en el año 2013 a raíz de las denuncias presentadas por la fallecida abogada Leticia Mabel Bravo y, posteriormente por el Dr. Carlos Weyembergh en forma acumulativa y en representación de cientos de familias damnificadas contra una presunta asociación ilícita integrada por Guillermo Masoni, Horacio Masoni, Eduardo Miguel Carlón, Miguel cabrera, los abogados Rodrigo Posse y Juan José Díaz y una escribana.
Guillermo Masoni, considerado uno de los cabecillas de la Asociación Ilícita.
De las pruebas que obran en el expediente se pudo comprobar la existencia de una nefasta asociación ilícita que “fabricó” títulos falsos que imponían a los despojados campesinos como verdaderos y que presentó denuncias falsas contra abogados del medio que defendían los intereses de los estafados. Contra estos últimos y sus letrados se ejercieron actos intimidatorios consistentes en amenazas, detenciones arbitrarias y asedio permanente para hacerlos desistir de sus pretensiones de reparación judicial del daño causado estimado, por estas fechas, en cifras increíblemente millonarias.
Guillermo y Daniel Masoni, empresarios de la provincia de Buenos Aires, formularon una serie de denuncias "truchas" contra varios abogados del foro local con el único propósito de dilatar y evitar la investigación por la cual hoy están detenidos, donde deben aclarar cómo hicieron para apropiarse de más de 250.000 hectáreas de campos, muchos de ellos pertenecientes a empresas británicas, expropiadas y nacionalizadas en el gobierno de Juan D. Perón en 1947.
Las mismas fueron destinadas para el hábitat de pueblos originarios y campesinos pero, en virtud de las maniobras de esta asociación delictiva, verdadera factoría de títulos y denuncias falsas, hoy figuran a nombre de las sociedades Salónica S.A., Los Mimbres S.A., Jungla S.A. y Rustenia S.A., todas pertenecientes al grupo Masoni.
Fue en el año 1977 cuando se iniciaron las maniobras denunciadas; es decir, casi cincuenta años de "robos" continuados de propiedades y tierras privadas en la provincia facilitados por el entonces gobierno militar, época en que José Masoni como “representante legal” de capitales ingleses y el ferrocarril, escrituró a su nombre el campo San Martín, que hoy aparece a nombre de la firma Salónica S.A. y que fue transferido a sus propios familiares en el año 1994.
El juzgado de Transición Nº 2, actualmente a cargo del Dr. Darío Alarcón, libró en la tarde del jueves la orden de detención y aprehensión de los imputados a la división de Homicidios y Delitos Complejos de la Policía de la Provincia.
El abogado Posse fue detenido, indagado y excarcelado tras haber conformado una varias veces millonaria fianza y el resto se encuentra tras las rejas o prófugos y con pedido de captura.
La Justicia de nuestra provincia procura determinar fehacientemente cómo estas empresas y el grupo familiar Masoni llegaron a ser dueños de las sociedades e inmuebles que fueron nacionalizados y expropiados por el gobierno de Perón. De las conclusiones del proceso judicial muchas familias que fueron expulsadas ilegalmente de sus propiedades y campos podrán recuperarlas.
Y, finalmente, será Justicia.
