Pese a estar separados, Tamara Báez se muestra incondicional con L-Gante, con quien tuvo una hija. Las últimas horas fueron críticas para ella y el resto de la familia, pero se la rebuscó para extrañarlo lo menos posible mientras espera que lo liberen. Así lo expuso en las redes sociales, donde compartió una historia en la que se la ve mirando un videoclip del músico de cumbia 420.
La influencer le agregó un corazón a la publicación y reafirmó el deseo de verlo libre. “Dale mi cacas. Todo va a estar bien. Jami te espera en casa”, pronunció. En un posteo anterior, había reconocido que siempre iba a estar para su ex. “Vos sabés lo que significás para nosotras”, deslizó. El artista está acusado del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma en un episodio de mayo de este año. Mientras permanece en la DDI de Quilmes, se refugia en varias imágenes familiares que le hizo llegar Báez. Se trata de unas fotos de la pequeña que tienen en común, que no entiende por qué su papá no está yendo a visitarla.
Ampliaron la imputación de L-Gante por tenencia de drogasL-Gante sigue en problemas y su causa se complica. Tras ser denunciado por privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de armas, la imputación en su contra se amplió por tenencia de drogas.
En uno de los allanamientos en sus domicilios, la policía encontró 40 gramos de marihuana, aunque él negó que fuera suya. “Declaró durante una hora y media. No respondió preguntas. Dijo que el estuvo arriba del auto y reconoce que estuvo en la Ciudad de Buenos Aires y que vino a General Rodríguez. Dijo que la víctima, Gastón Daniel Torres, subió por voluntad propia junto a la otra persona arriba de su vehículo”, comentó el periodista Rodrigo Alegre.
Sobre la tenencia de armas, comentó: “L-Gante dijo que no había armas de fuego y que también todo esto se trata de una cuestión política y que lo quieren perjudicar a él. Estamos hablando de una privación ilegítima de la libertad, pero agravada por ser funcionario público (la víctima), lo cual le cambia y le agrava más la figura penal. Eleva el mínimo y eleva el máximo. Veníamos hablando de privación ilegítima de la libertad simple, que va de 5 a 15 años de prisión, pero el Ministerio Público Fiscal pone que a la persona que secuestraron es funcionario del municipio de General Rodríguez. Por eso se agrava, porque la víctima es empleado de la administración pública. Esto le sube la escala penal de un piso de 10 a un máximo de 25 años de prisión para L-Gante”.
