La semana que se inicia se presenta como un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Javier Milei, marcado por una creciente tensión social y la inminente realización de una contundente jornada de protesta de 36 horas, impulsada por la CGT y diversas organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas.
Tras una semana compleja para el Ejecutivo, que incluyó un controvertido viaje a Miami y una derrota en el Senado, la atención se centra ahora en la movilización que comenzará este miércoles 9 de abril al mediodía. La CGT, junto a un amplio espectro de organizaciones, se concentrará para acompañar la tradicional protesta de los jubilados, quienes semanalmente manifiestan su descontento y han sido blanco de represión por parte de las fuerzas de seguridad. Se anticipa una movilización de gran magnitud que podría paralizar la actividad en importantes puntos del país, replicándose en todas las regionales de la central obrera.
Esta movilización del miércoles servirá como preludio del paro general de 24 horas convocado por la CGT, que se iniciará a partir del primer minuto del jueves 10 de abril, sumando así un total de 36 horas de protesta contra las políticas del gobierno libertario.
Nerviosismo en la Casa Rosada y presión sobre la UTA
El gobierno de Javier Milei es consciente del potencial impacto de esta medida de fuerza y busca desesperadamente debilitarla. En este contexto, ha intensificado la presión sobre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los colectiveros, intentando evitar su adhesión al paro general. El argumento utilizado por el Ejecutivo es la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en el marco del conflicto salarial que mantiene la UTA con las cámaras empresariales.
Sin embargo, este argumento es considerado "endeble" e incluso "falaz" por diversos sectores. Si bien la conciliación obligatoria impide a la UTA realizar medidas de fuerza relacionadas directamente con su conflicto salarial durante un plazo de diez días hábiles, el paro general convocado por la CGT responde a una agenda de reclamos mucho más amplia y no se circunscribe al ámbito salarial del transporte automotor.
La CGT llama al paro en reclamo de paritarias libres y homologadas, un aumento de emergencia para los jubilados y un proyecto de actualización del bono, en contra de la represión a la protesta social, en defensa de la industria nacional y la obra pública, por un plan nacional de empleo, mayor presupuesto para educación y salud, respeto por las libertades y derechos de diversos colectivos sociales, y por un mayor equilibrio y justicia social. El conflicto específico de la UTA no está incluido en esta plataforma de reclamos.
A pesar de esto, el gobierno presiona a la conducción de la UTA, liderada por Roberto Fernández, con amenazas que van desde multas y la quita de la personería gremial hasta posibles despidos de trabajadores adheridos al sindicato. Los abogados de la UTA han adoptado una postura que favorece al gobierno, sosteniendo que la conciliación obligatoria impide la adhesión al paro no solo de las regionales del AMBA sino de todo el país, generando malestar interno en el gremio.
La CGT espera la definición de la UTA y evalúa medidas internas
En la CGT se aguarda con atención la definición final de la UTA, que según trascendidos podría anunciarse recién el día previo al paro. La central obrera también estará observando el nivel de adhesión a la movilización del miércoles para evaluar el panorama de cara al paro general del jueves.
Mientras tanto, crece el descontento dentro de la CGT con la postura de Roberto Fernández. Sectores de la central obrera recuerdan que existen mecanismos reglamentarios para sancionar a gremios que no cumplen con las decisiones orgánicas, incluyendo la posibilidad de expulsión, una medida extrema que, si bien nunca se ha aplicado, sobrevuela como una posibilidad ante la tensión generada.
La masiva protesta de 36 horas se inscribe en un contexto de creciente malestar social generado por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, que han impactado negativamente en diversos sectores, incluyendo jubilados, trabajadores y la industria nacional. La adhesión de la UTA, a pesar de la presión oficial, podría ser un factor determinante en la magnitud y el impacto de esta contundente jornada de protesta.
