Mientras el Gobierno sigue negociando la letra chica de la Ley Ómnibus con gobernadores y espacios de la oposición más blanda, el oficialismo se terminó de convencer que no podrá cumplir con su objetivo inicial de sesionar antes de que termine este mes. El arco se corrió ahora para comienzos de mayo.
En este marco, hay varias fechas tentativas que se están barajando para convocar al recinto: el jueves 2 de mayo (un día después de la marcha por el Día del Trabajador), el viernes 3 de mayo (que caería en la cornisa del fin de semana, lo cual podría complicar la logística debido a la duración de varios días que tendría esta sesión), el martes 8 de mayo y el miércoles 9 de mayo.
Según trascendió, se resucitaría el mismo dictamen que fue había sido tratado durante las sesiones extraordinarias y que había sufrido golpe de knockout por parte de la oposición. Sobre ese dictamen, se propondrán y votarán los cambios en el propio recinto sobre la base del borrador que el Gobierno hizo llegar a las distintas fuerzas políticas la semana pasada. También se aplicarán las modificaciones que se sigan negociando hasta el mismo día de la votación, que seguramente serán numerosos.
El reflotamiento del dictamen original permitirá saltearse el debate en el plenario de comisiones, donde una discusión de estas características suele embarrarse y alargarse, complicando los plazos fijados por el Poder Ejecutivo.
Además de votarse la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", la idea del oficialismo es que en la misma sesión se incluya el tratamiento del proyecto de “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” que este miércoles ingresó a la Cámara de Diputados por mesa de entradas.
El debate de este paquete fiscal comenzará este jueves en la comisión de Presupuesto y Hacienda con las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del director de auditoria, administración y Recursos Humanos de AFIP, José Salim, quienes defenderá la iniciativa y explicarán sus alcances.
Este proyecto de ley tiene 54 páginas, 100 artículos y lleva la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Interior, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El articulado contiene varios títulos, entre ellos el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social (moratoria), el Régimen de Regularización de Activos (blanqueo de capitales), rebaja de Impuesto a los Bienes Personales, eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, y cambios en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo).
