El caso de Luz Milagros, la bebé que en 2012 fue declarada muerta al nacer y luego encontrada con vida en la morgue por su propia madre, continúa generando conmoción y debate en el ámbito judicial y sanitario. A más de una década del hecho ocurrido en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, la causa no derivó en condenas penales, aunque recientemente un juzgado civil dispuso una indemnización económica para la familia.
La historia comenzó el 3 de abril de 2012 en el Hospital Perrando, cuando Analía Boutet dio a luz a una niña prematura de apenas 26 semanas de gestación y 840 gramos de peso. Según el relato de la madre, el personal médico le informó que la beba había nacido sin vida y le entregó la documentación correspondiente que la registraba como “feto muerto”.
Horas más tarde, cuando la mujer acudió a la morgue para despedirse de su hija, notó que el pequeño cuerpo se movía y lloraba. La recién nacida había permanecido alrededor de 12 horas dentro de una cámara frigorífica con temperaturas cercanas a los cero grados.
La niña fue trasladada nuevamente a cuidados médicos y sobrevivió, aunque las condiciones extremas a las que estuvo expuesta le provocaron graves secuelas. Con el paso de los meses desarrolló múltiples complicaciones de salud, entre ellas daño cerebral severo, problemas respiratorios crónicos y cuadros infecciosos recurrentes. Finalmente, falleció el 23 de junio de 2013 en la ciudad de Rosario, a los 14 meses de vida, a causa de una falla multiorgánica.
En el ámbito judicial, la investigación penal no logró establecer responsabilidades directas, por lo que no hubo condenas contra los profesionales involucrados. Sin embargo, en el fuero civil, el Juzgado Civil y Comercial N.° 20 de Resistencia determinó que existieron fallas en la atención médica brindada a la recién nacida.
El fallo concluyó que la bebé fue declarada muerta sin que se hubieran realizado de manera completa las maniobras de reanimación ni la verificación necesaria durante el tiempo recomendado en casos de prematuros extremos. También señaló que la atención brindada fue limitada y deficiente, lo que contribuyó al desenlace posterior.
Como consecuencia, la sentencia ordenó al Gobierno de Chaco, al Ministerio de Salud provincial, al Hospital Perrando y a dos médicas neonatólogas pagar una indemnización que supera los 159 millones de pesos —una suma cercana a los 100 mil dólares— a los familiares de la niña. La compensación deberá repartirse entre la madre, el padre —quien falleció con el paso de los años— y la abuela materna.
No obstante, la resolución generó fuerte disconformidad en la familia, que considera que el monto es insuficiente y que la ausencia de responsables penales deja el caso en la impunidad.
“Es muy doloroso que después de 13 años no haya nadie condenado por lo que le hicieron a mi hija”, expresó la madre, quien adelantó que continuará apelando las decisiones judiciales en busca de justicia.
El caso de Luz Milagros, que en su momento recorrió medios de todo el mundo por lo extraordinario de la situación, sigue siendo recordado como un símbolo de las graves fallas que pueden producirse en el sistema de salud y de la lucha de una familia que aún reclama respuestas.
