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El País

La ONU alertó sobre riesgos climáticos ante modificaciones en la Ley de Glaciares

El organismo internacional pidió precisiones sobre el cumplimiento de compromisos ambientales y de derechos humanos.

La ONU encendió las alarmas ante una posible modificación de la Ley de Glaciares en Argentina, al considerar que podría tener consecuencias graves sobre el ambiente, el acceso al agua y la lucha contra el cambio climático.

El organismo internacional advirtió que una reforma en la normativa vigente podría habilitar el avance de actividades como la minería y la explotación de hidrocarburos en zonas actualmente protegidas. Esta situación, señalaron, aceleraría el derretimiento de los glaciares y profundizaría los efectos de la crisis climática a nivel regional.

Desde Naciones Unidas remarcaron que los glaciares constituyen reservas estratégicas de agua dulce y cumplen un rol clave en el equilibrio ambiental. Su deterioro, alertaron, impactaría directamente en la biodiversidad y en la supervivencia de comunidades que dependen de estos recursos, especialmente en la región andina.

Además, el organismo recordó que el Estado argentino tiene la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano y advirtió que cualquier retroceso en materia de protección ambiental podría violar el principio de no regresividad, reconocido en el derecho internacional.

En la misma línea, la organización ambiental Greenpeace llamó al Congreso a rechazar cualquier intento de flexibilizar la ley, al considerar que se trata de una herramienta clave para la soberanía hídrica y la adaptación frente al cambio climático.

Como parte de su intervención, la ONU solicitó al Gobierno argentino una serie de precisiones, entre ellas, explicaciones sobre la compatibilidad del proyecto con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, acceso al agua, protección ambiental y cambio climático. También requirió información sobre las medidas para garantizar la participación ciudadana, el acceso a la información pública y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

El planteo internacional suma presión sobre el debate legislativo y coloca en el centro de la escena la necesidad de preservar los glaciares como bienes estratégicos frente a los desafíos ambientales actuales.

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