El conflicto entre los profesionales de la salud y el gobierno nacional alcanzó su punto de mayor tensión en el cierre de la jornada de paro nacional. Médicos de cabecera del PAMI se concentraron frente a las sedes regionales para denunciar que el nuevo esquema de pagos impuesto por el organismo estatal destruye sus ingresos y empuja al sistema prestacional hacia un colapso inminente.
La protesta visibilizó la grave situación económica de los cerca de 8.000 médicos que atienden a jubilados en todo el país. Los profesionales explicaron que el organismo pretende pagar apenas 2.100 pesos por cada paciente, un monto que resulta insuficiente para cubrir los costos básicos de mantenimiento de un consultorio, el pago de secretarias, el monotributo y los seguros de mala praxis.
Un aumento que esconde un recorte
Los trabajadores desmintieron el relato oficial sobre una supuesta mejora en los aranceles. Según detallaron, si bien la cápita nominal subió, el Gobierno eliminó de manera simultánea el pago por otras prestaciones y componentes que integraban el salario. Esta maniobra administrativa deriva en una pérdida sustancial de dinero para los médicos de cabecera, quienes ahora enfrentan una carga laboral mayor con una remuneración mucho menor a la de meses anteriores.
La indignación de los profesionales radica también en las formas de la implementación: la medida se comunicó un viernes a última hora y con efecto retroactivo, afectando directamente la planificación familiar de miles de trabajadores que son sostén de hogar. En muchos casos, los médicos aseguran que trabajan a pérdida para no abandonar a sus pacientes.
El drama de los afiliados
El ajuste presupuestario no solo golpea los honorarios médicos, sino que impacta de forma directa en la salud de los adultos mayores. Durante las manifestaciones, los propios jubilados denunciaron la falta de turnos, el recorte en la entrega de medicamentos gratuitos y la imposibilidad de afrontar los gastos diarios. La crisis del PAMI obliga hoy a miles de afiliados a decidir entre cubrir sus necesidades alimentarias básicas o adquirir los fármacos necesarios para sus tratamientos crónicos, una situación que los profesionales califican como una vulneración total de la dignidad humana.
