Una denuncia penal presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7 puso bajo la lupa a funcionarios del Gobierno nacional por presuntas maniobras de vaciamiento y desvío de fondos destinados a Vialidad Nacional.
La acusación fue impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional y alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y a integrantes de la conducción del organismo.
Según la denuncia, cerca de 400 mil millones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos —fondos que por ley deben destinarse exclusivamente al mantenimiento y desarrollo de rutas nacionales— habrían sido utilizados para operaciones financieras vinculadas al sostenimiento del Tesoro.
El documento judicial sostiene que esos recursos, que debían ser transferidos al fideicomiso destinado a la infraestructura vial federal, fueron retenidos y derivados hacia instrumentos financieros como letras y bonos públicos.
De acuerdo con la presentación, esta situación provocó un fuerte deterioro operativo y presupuestario en Vialidad Nacional, organismo que actualmente arrastraría una deuda equivalente al 90% de su presupuesto anual.
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La denuncia advierte además sobre el grave estado de abandono de las rutas nacionales debido a la paralización de obras y la falta de mantenimiento preventivo. Ingenieros y profesionales del área sostienen que la ausencia de inversiones incrementa los riesgos de accidentes y multiplica los costos futuros de reconstrucción de la infraestructura.
Entre los puntos señalados también aparece la supuesta pérdida de financiamiento internacional por incumplimientos y falta de ejecución de proyectos viales en distintas provincias.
En el escrito judicial, además, se acusa a Federico Sturzenegger de impulsar un “desmembramiento institucional” mediante informes presuntamente manipulados para justificar el achicamiento de personal técnico dentro del organismo.
La presentación también denuncia presuntas presiones y hostigamientos laborales contra trabajadores e inspectores de carrera que cuestionaban las decisiones adoptadas en materia de obra pública y concesiones viales.
Por otra parte, se remarca que la interrupción de transferencias económicas afectó seriamente a las direcciones de vialidad provinciales, dificultando el mantenimiento de rutas secundarias y complicando la conectividad en distintas regiones del país.
La causa judicial investiga posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad y desvío doloso de bienes destinados a fines públicos.
Desde distintos sectores vinculados a la infraestructura vial adelantaron que buscarán seguir de cerca el avance de la investigación y aportar nueva documentación ante la Justicia.
