El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dará a conocer este miércoles el veredicto en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina, que dejó 44 tripulantes fallecidos en noviembre de 2017.
La audiencia marcará el cierre de un proceso judicial que comenzó el 3 de marzo en Río Gallegos y que se extendió durante más de 30 audiencias, en las que declararon testigos, especialistas y se incorporó abundante prueba documental sobre el estado operativo del submarino y las decisiones adoptadas durante su última misión.
Antes de conocerse la sentencia, está previsto que los cuatro imputados pronuncien sus últimas palabras ante el tribunal. Los acusados son el contralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa, quienes enfrentan cargos por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Durante el debate, la fiscalía sostuvo que el hundimiento del submarino no fue un hecho fortuito, sino una tragedia que pudo haberse evitado. Según la acusación, tras la avería reportada el 15 de noviembre de 2017 no se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes, como ordenar la navegación en superficie o convocar de inmediato a especialistas.
Las querellas, que representan a familiares de las víctimas, afirmaron que las pruebas reunidas durante la investigación y el juicio demostraron graves incumplimientos vinculados al mantenimiento del submarino y a la toma de decisiones antes de la tragedia.
El ARA San Juan había zarpado de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 para cumplir una misión de patrullaje. El 15 de noviembre perdió contacto con la base y, un año más tarde, fue localizado a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, donde se confirmó que sufrió una implosión. El fallo que se conocerá este miércoles buscará determinar si existieron responsabilidades penales por parte de los exjefes de la Armada involucrados en la causa.
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