Dos amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro fueron encontradas en la mañana del lunes e Rosario. En el primer caso, un llamado al 911 dio cuenta del hallazgo de una nota amenazante dirigida al gobernador de Santa Fe. Fue hallada bajo la puerta de la sede de Desarrollo Social de Rosario, vinculada al derribo de propiedades vinculadas a jefes narco que fue ordenado días atrás por la Justicia. “Pullaro cuando sigan demoliendo casa y no búnker, vamos a matar a los de la municipalidad. Advertimos pacíficamente”, decía el escrito encontrado por empleados municipales.
Los investigadores ligan la nota al derribo de un punto de venta de droga ubicado en Ayacucho 4300 y otro en Viedma al 200, vinculados al clan liderado por Alan Funes, aliado al capo Esteban Alvarado. Incluso, una mujer será imputada en las próximas horas por amenazar a las personas que tiraban abajo una de las construcciones. Se trata de Leila S., pareja de Alan. El derribo de bunkers narco, mientras tanto, continúa. Este lunes a las 9.15, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, estará en la esquina de Necochea e Ivanosky, donde derribarán dos nuevos puestos de venta de drogas en el marco de la nueva Ley de Microtráfico.
Poco después de ese hallazgo, una segunda nota dirigida a Pullaro fue encontrada en la ciudad, según confirmaron fuentes del caso al medio Infobae.
La situación solo escala en tensión desde que el gobernador asumió y ordenó controles estrictos a detenidos en las cárceles provinciales como el penal de Piñero, que alberga a sicarios y jefes de segundas líneas.
Cincuenta allanamientos se realizaron a mediados del mes pasado en las zonas de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Pueblo Esther como consecuencia de las amenazas al gobernador encontradas en dos atentados sicarios cometidos esa semana. Los operativos fueron solicitados por Franco Carbone, Pablo Socca y Federico Rébola, fiscales de la unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación.
En la investigación que llevaban a cabo los fiscales se barajaron dos hipótesis sobre la firma de las notas arrojadas en la puerta del Hospital Clemente Álvarez y de una sucursal del banco Macro, donde se hizo alusión al pabellón 9 de la cárcel de Piñero. De acuerdo a una hipótesis de los investigadores, una posibilidad es que un preso que estaba alojado allí haya sido trasladado recientemente al sector de alto perfil y haya buscado torcer la decisión.
