Los números muestran una realidad que parece ajena a lo que flota en la superficie de Rosario, una ciudad aterrizada que quedó dos veces paralizada en marzo por los crímenes y las amenazas narco. En el primer trimestre de 2024 se cometieron 36 asesinatos en el departamento Rosario, un número que contrasta con los 80 homicidios que se produjeron en el mismo periodo el año pasado. Pero esta estadística, que aportaría una buena noticia, choca con un escenario nuevo. El análisis de los datos muestra que, antes de que se fortaleciera la presencia de fuerzas federales en la ciudad –hay 1450 efectivos de Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal y Prefectura- a partir del 12 de marzo, comenzaba a cristalizarse en los meses de enero y febrero algo inusual en la historia de la violencia en esta ciudad: dejaron de enfrentarse entre sí los grupos criminales por disputas territoriales para la venta de drogas o el control del lugar.
Estos conflictos aportaban el mayor número de muertos y de heridos de armas de fuego. Un ejemplo es lo que sucede en la zona noroeste, la más conflictiva durante los últimos dos años, donde en el barrio Ludueña se registró un solo homicidio en este trimestre. En cuatro meses en 2022 se cometieron 40 homicidios en ese sector, donde se disputaban el territorio franquicias de Los Monos y Esteban Alvarado por el control de la venta de drogas al menudeo.
En otro contexto, este descenso pronunciado de la violencia se hubiera convertido en una buena noticia para el gobierno, tanto provincial como nacional, pero la realidad muestra una nueva dimensión del fenómeno mafioso. El riesgo de celebrar con ansiedad la mejora de las cifras de homicidios llevó a principios de marzo a Bullrich a valorar el descenso “impactante” de los asesinatos en Rosario por los efectos del llamado “Operativo Bandera”. Su par en Santa Fe, Pablo Coccocioni, prefirió ser más cauto en ese momento. Cinco días después ejecutaron al taxista Héctor Figueroa y dos días más tarde a otro chofer, Diego Celentano, a los que luego se sumaron los crímenes al colectivero Marcos Daloia y el sábado 9 de marzo el playero Bruno Bussanich.
El problema ahora no es la cantidad homicidios, sino a quiénes se asesina, a la selección de las víctimas, porque los últimos homicidios solo tuvieron como objetivo –es lo que se analizó en el gobierno y en la justicia- generar un pánico social que provocó un efecto inédito en el país: una ciudad quedó en un mes dos veces paralizada por decisión del llamado crimen organizado. También a quiénes se amenaza, al elegir figuras de trascendencia pública como Di María o como fue en febrero del año pasado el ataque al supermercado del suegro de Leonel Messi.
El gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich coincidieron en encuadrar estos hechos como terrorismo urbano.
No solo descendieron los homicidios, sino también los heridos de armas de fuego, otro indicador que muestra el nivel de violencia. No fue una cuestión de puntería, de suerte. En enero pasado se cometieron 17 asesinatos, frente a 32 de 2023, según datos del Observatorio de Seguridad Pública. En febrero se produjeron 7 homicidios, contra 16 del año pasado. Y en marzo, 12 en 2024 frente a 22 del mismo lapso el año anterior.
El objetivo del gobierno tanto provincial como nacional, que funcionan en torno a un comité de crisis, es tratar de mostrar con el despliegue policial y de fuerzas federales que la ciudad puede retornar a cierta normalidad. Un síntoma que exhibe ese escepticismo es que durante el feriado largo bajó en un 50 por ciento la ocupación hotelera, de un turismo de cercanía que elegía a la ciudad, a pesar de sus problemas, para visitar en esta época.
