Un cartonero analfabeto que fue dado de alta como empleador, una empresa fundida que retomó sus aportes patronales sin que se enteraran sus dueños, la adulteración de registros previsionales o la confección de certificados médicos apócrifos eran algunas de las maniobras utilizadas por los miembros de una organización acusada de defraudar al Estado por casi 90 millones de pesos, según precisaron este martes las querellas que intervienen en el juicio que se lleva adelante en la ciudad de Mar del Plata.
En la segunda audiencia del proceso oral por la denominada "causa Cagni", plantearon los lineamientos de su acusación los representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
El juicio a cerca de 40 imputados por defraudar a la administración púbica continuó este martes desde las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Mar del Plata.
Tras la apertura del proceso la última semana, en la que planteó los lineamientos de la acusación fiscal que llevó adelante la investigación, en esta oportunidad hicieron lo propio los abogados y abogadas que representan a los organismos del Estado que se vieron afectados a través de la tramitación irregular de jubilaciones y pensiones.
Tanto la Anses, como la AFIP y la SRT acompañaron los planteos del fiscal federal Nicolás Czizik, al entender que los imputados llevaban adelante maniobras defraudatorias para obtener beneficios previsionales "a través del uso de relaciones laborales falsas" y de la "simulación de afecciones de salud con certificados e historias clínicas apócrifos".
En ese sentido, sostuvieron la acusación respecto de cuatro de los imputados, entre ellos tres abogados, procesados como jefes y organizadores de una asociación ilícita que tramitó "de manera ilegal" este tipo de beneficios en más de 350 casos, "a cambio de un honorario".
Se trata de Rubén Cagni (52), Roberto Balbuena (67), Luciano Conrado Diez Suárez y Luis Iros (71), quienes estaban al frente de "Organización Jurídico Previsional S.R.L", un estudio que funcionaba en el barrio marplatense de Chauvín.
Según la acusación, otra decena de personas que llegaron a juicio formaron parte de la asociación ilícita, que operó al menos desde 2006.
La querella de la AFIP subrayó a su vez el rol desempeñado por un ex trabajador del organismo, acusado además de "alteración dolosa de registros".
La acusación por parte de la Anses señaló que se "simulaban relaciones laborales" con cargas de datos "extemporáneas", y a través de esas "modalidades defraudatorias" gestionaban jubilaciones irregulares.
Indicó a su vez que se sobrevaloraban porcentajes de discapacidad de beneficiarios, con intervención de médicos involucrados, para tramitar retiros por invalidez.
La querella de la SRT destacó en la misma línea que "certificados médicos, historias clínicas y certificados apócrifos" permitían acceder a ese tipo de beneficios de la seguridad social.
Tal como ocurrió en la primera audiencia, los tres integrantes del TOF, Rodrigo Giménez Uriburu, Luis Imaz y José Mario Tripputi, siguieron el juicio de manera remota, al igual que algunos de los imputados y sus defensas.
Si bien inicialmente estaban acusadas 69 personas, tres de ellas fallecieron antes de que el caso llegara a la instancia del proceso oral, 11 suscribieron un acuerdo de juicio abreviado que debe ser homologado o no al cierre del debate oral por parte del tribunal, y otras 17 fueron sobreseídas por reparación integral del perjuicio a través de la devolución del dinero obtenido de manera irregular.
En el juicio se analizará también la presunta responsabilidad penal de 25 personas que consiguieron o tramitaron beneficios previsionales a través de estos mecanismos, y en la segunda audiencia, la defensa de alguno de ellos pidió analizar junto a los acusadores posibles acuerdos para algunos casos particulares.
Las audiencias se retomarán el próximo 19 de septiembre desde las 10, en la sede judicial ubicada en avenida Luro al 2400.
