La Cámara de Diputados dio un importante paso en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo al aprobar con 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, el proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución de estos delitos. El proyecto, que ahora pasa al Senado, busca principalmente adecuar la legislación argentina a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual el país es parte, y que realizará una nueva revisión técnica este año.
El proyecto de reforma tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales. Una de las principales modificaciones es la transformación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
El proyecto también amplía la cantidad de operaciones que deben ser informadas a la UIF, incluyendo a los proveedores de servicios de activos virtuales, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios, entre otros. Además, se incorpora un nuevo tipo penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se introduce el concepto de "operación inusual y sospechosa" de conformidad con las recomendaciones del GAFI.
En cuanto a los contadores, se suprime la confección de informes de revisión limitada en estados contables como actividad comprendida. Además, se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización del Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, con el fin de incorporar un control político y parlamentario en la materia.
El proyecto también busca abordar la problemática de la narcocriminalidad derivada del lavado de activos, a través de la creación de un Registro Público de Beneficiarios Finales para conocer quiénes están detrás de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), según destacan fuentes del oficialismo.
