En las últimas horas trascendió la noticia de que hay seis mujeres rusas embarazadas, que fueron retenidas por la Dirección de Migraciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras detectar irregularidades en el viaje de las oriundas del país de Vladimir Putin.
Durante el transcurso de este viernes se pudo saber que la Justicia Federal habilitó el ingreso de cuatro de las seis mujeres varadas, luego de que presentaran un hábeas corpus que les permitió ser protegidas por la ley argentina y proceder a la resolución de su situación.
Tras considerar que "no era razonable mantener la situación de inadmisión" de estas mujeres, la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, expuso su parecer ante el juez federal, Luis Armella, en una audiencia que se celebró esta tarde. Allí se dispuso que se someta a las mujeres a un examen médico, se les dé alojamiento adecuado y se les brinde todo tipo de atención necesaria.
Al tratarse de mujeres extranjeras a semanas de dar a luz, el hecho de denegarles el acceso al país puede ser considerado un caso deshumano de discriminación, en especial, luego de que una de las mujeres contara que las dejaron "justo en la sala de espera en sillas, en las que, debido a los apoyabrazos de hierro, solo podés sentarte".
Sin ir más lejos, una de las rusas recientemente admitidas había comenzado con trabajo de parto y debía ser inmediatamente trasladada a un centro de salud. De hecho, la mayoría de ellas está rondando las 33 o 34 semanas de embarazo, es decir, están a semanas de parir, por lo que la habilitación del ingreso - sea transitorio o permanente - debe contar con todos los cuidados debido al estado de las embarazadas.
El problema que se presentó con el ingreso a la Argentina de estas mujeres fue que "todas dijeron que venían a hacer turismo", de acuerdo a lo informado por la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, al mismo tiempo que precisó: "Cuando vemos que no tienen pasaje de regreso, que no saben explicar dónde van a hacer turismo, algo que es raro para una embarazada de 34 semanas, empezamos a sospechar que no vienen a hacer turismo".
En este sentido, la funcionaria explicó que las mujeres reconocieron que vinieron a la Argentina a tener a sus hijos, debido al conflicto bélico que vive su país con Ucrania y a la alta calidad de atención médica que tiene nuestro país, tanto de forma pública como privada. "Nosotros estamos encantados de que vengan a hacer su vida a la Argentina, pero el problema es que llegan, tienen los hijos, los anotan como argentinos, dejan un poder a los apoderados, se van y no vuelven más. Acá hay gente que está usando nuestro pasaporte", apuntó Carignano.
En relación a la situación reciente con las rusas varadas, la directora nacional de Migraciones explicó que "no es un delito" venir a tener un hijo al país, pero las personas "de nacionalidad extra-Mercosur" deben "ir al consulado y sacar una visa y explicar los motivos", algo que las ciudadanas rusas no habían hecho.
Además de este trámite necesario, la funcionaria señaló que "hay un patrón de conducta que está investigando la Justicia porque todas las mujeres rusas vienen justo en la semana 33 de embarazo". En tal sentido, señaló que en el último año ingresaron al país 10.500 personas de nacionalidad rusa, entre ellas "5.819 mujeres embarazadas", y de esas 10.500, 7.000 "ya no están en el país, y ese es el problema".
Por esta razón, la funcionaria advirtió el problema que esto puede generar al pasaporte argentino: "Si no controlamos a quién le damos los pasaportes, el pasaporte argentino va a dejar de tener la confianza que hoy tiene en otros países. Tenemos que cuidar nuestro pasaporte y los beneficios que hemos logrado porque venimos trabajando para que nuestro pasaporte sea seguro", finalizó.
