El pasado 29 de diciembre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó un documento titulado “Directivas anticipadas respecto a la guía sobre minerales críticos y componentes de baterías, cálculos de valor para los nuevos vehículos eléctricos”.
El propio documento aclara que no genera derechos ni obligaciones y que el Tesoro/IRS no espera recibir comentarios formales hasta que la regulación final sea propuesta en marzo de 2023. Sin embargo, este documento anticipa definiciones de términos y otras consideraciones relevantes, además de valorar en sí misma la comunicación con los “stakeholders”. En ese mismo espíritu, nos permitimos desde esta Embajada, formular algunas consideraciones que hemos transmitido en los últimos meses en todas las esferas del gobierno estadounidense con las que hemos tenido la posibilidad de conversar, en cada ocasión que hemos tenido, con el mismo espíritu y afán de evitar equívocos o malas interpretaciones. Sin perjuicio de que en marzo, una vez conocida la propuesta de regulación final, tengamos otros comentarios que hacer de manera formal.
El contexto de la Inflation Reduction Act es, por un lado, el de la vocación genuina de la administración Biden de buscar nuevos caminos e instrumentos para enfrentar de manera decisiva el desafío existencial del cambio climático. En este sentido, el liderazgo del presidente Biden y el trabajo de su enviado especial John Kerry han sido fundamentales para reenergizar una agenda internacional -del interés de la comunidad internacional toda- que tenga la ambición y genere los resultados que tamaño desafío nos plantea. El otro elemento de contexto central en nuestra interpretación de IRA es el de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China.
Sobre este último punto, no vamos a reflexionar aquí sobre esa competencia y sus potenciales efectos sobre terceros. Lo tomamos como un dato de la realidad insoslayable. Solo señalamos, en ese sentido, que en el caso puntual de esta ley reciente del Congreso de Estados Unidos, el efecto paradójico de una implementación no bien calibrada podría ser contrario a sus propios objetivos.
Le hemos dicho a las autoridades estadounidenses y en el diálogo con congresistas y staffers lo que empresas internacionales, incluidas empresas norteamericanas, con operaciones y proyectos en desarrollo para la explotación del litio en la Argentina nos dicen: si en la reglamentación de la ley, Argentina no recibe el mismo trato que Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y Méjico) y que los socios comerciales con los cuales tienen acuerdos de libre comercio, entonces estas empresas se verían forzadas a vender su producto a otros mercados o a vender sus activos a inversores de otros orígenes.
En una línea similar, con argumentos similares, la semana pasada el Vicepresidente de la Comision Europea (UE) y Comisario Europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, expresó su preocupación sobre IRA. Sabemos que, esta preocupación no es solo de la UE y la Argentina, sino que incluye además a otros países amigos de Estados Unidos.
El documento publicado por el Tesoro prevé la posibilidad de incorporar otros acuerdos comerciales a los listados en ese mismo documento a los efectos de la elegibilidad del subsidio; quizá sea este camino el que genere perspectivas no solo para acomodar los interes de los socios comerciales y amigos de Estados Unidos, entre ellos la Argentina, sino en términos del mismo interés de Estados Unidos de garantizarse acceso a un mineral crítico como es el caso de litio, en el cual, en el corto y mediano plazo, los especialistas coinciden en proyectar un fuerte desbalance entre el crecimiento exponencial de la demanda y la capacidad limitada de la oferta de satisfacer esa demanda creciente.
La Argentina tiene hoy 20 proyectos para la explotación de litio en marcha o en vías de desarrollo que se estima permitirán multiplicar por diez su producción en 2030.
