El año pasado, a fines de mayo y en el mismo fallo con el que la jueza Loretta Preska, a cargo del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, condenó al Estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal YPF en 2012, exculpó a la petrolera.
O sea, la jueza decidió que el bufete inglés Burford, que compró la mayoría de los derechos a litigar en esta causa a dos ex accionistas minoritario de la empresa, tenía razón y debía cobrar por el método que usaron Cristina Kirchner y sus funcionarios, con Axel Kicillof a la cabeza, para quedarse con al empresa; y dijo que YPF, que llevaba unos ocho años también como acusada, no había tenido nada que ver con la decisión de los gobernantes de ese momento.
Desde entonces, Burford está haciendo lo posible por cobrar o, al menos, sentar a la mesa de negociación al país. Por ahora, no tuvo éxito. Javier Milei habló meses atrás de "voluntad de pago" y no hubo más novedades al respecto. Por eso, el ganador de la demanda quiere subir otra vez a YPF al ring. Sabe que con un país quebrado, la mejor manera de empujar una negociación tiene que ver con que la compañía vuelva a estar en el centro de la escena y existe la chance real de que peligren sus activos.
Vale recordar que Burford pagó unos 30 millones de euros para quedarse con las demandas y los derechos de litigio. Luego vendió una parte del juicio por USD 236 millones y ahora es el principal beneficiario del fallo condenatorio multimillonario. Como sea, luego de años de mantener la causa, embolsará varios miles de millones. A eso se dedica y por eso no son pocos los que equiparan su accionar con el de los "fondos buitre".
"Preska condenó a Argentina y exoneró a la empresa. Así, no se puede ir contra los activos de YPF porque quedó fuera del caso. Una manera de traer a YPF nuevamente a la causa es con la apelación, algo que ya empezó pero tendrá resolución no antes de un año. Otra manera de apurar e ir contra los activos de YPF es demostrar que Argentina e YPF operan igual, es decir, que son lo mismo. Que YPF no puede tomar decisiones sin que la Casa Rosada, de Milei, Cristina, Macri, Alberto o quien gobierne, se involucre", resumió Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors.
En ese contexto es que Burford pide en el tribunal pruebas para evidenciar esa situación. "Presentó varios ejemplos, pero la verdad es que hay pruebas suficientes como para decir que YPF y Argentina operan juntas. Burford mencionó algunas cuestiones públicas, como que Cristina Kirchner usó varias veces el avión de YPF, temas de financiamiento y que subir o bajar el precio de los combustibles es una decisión que sale de la Rosada. Con eso y otras pruebas que quiere que la propia YPF muestre –en un proceso que se llama discovery– pretende demostrar que son ‘alter ego’ y de esa manera ir contra los activos de la petrolera", agregó Maril. También mencionaron que la empresa vendió petróleo por debajo de los valores de mercado para controlar los precios sin necesidad de regulaciones y que parte de sus ejecutivos llegan por conexiones políticas y no tiene experiencia en la industria energética.
En la compañía de las tres letras están convencidos de que esa figura, "alter ego", ya fue rechazada en su momento por la propia Preska. Así lo entendió también Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro y encargado de llevar el caso durante el gobierno de Alberto Fernández.
