Una decisión del Ayuntamiento de Madrid desató una fuerte controversia luego de que trascendiera que los equipos municipales que trabajan con personas en situación de calle recibieron la orden de dejar de avisarles con anticipación sobre los operativos de limpieza programados en distintos puntos de la ciudad.
Hasta hace algunos meses, los llamados Equipos de Calle informaban previamente a las personas sin hogar cuando se realizarían tareas de limpieza profunda en los espacios donde residían. El objetivo era que pudieran retirar y proteger pertenencias esenciales como documentación, medicamentos, ropa, calzado y otros objetos personales.
Sin embargo, según reveló el diario español El País, en marzo de este año la Concejalía de Políticas Sociales habría ordenado a estos trabajadores que dejaran de realizar esos avisos preventivos.
Preocupación entre los trabajadores
De acuerdo con la información publicada, varios profesionales trasladaron su inquietud al Colegio Oficial de Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid mediante correos electrónicos internos.
En esos mensajes, los empleados manifestaron que la nueva directiva podría constituir una “vulneración de principios éticos profesionales”, ya que consideran que impide proteger adecuadamente a una población especialmente vulnerable.
Los trabajadores sostienen que, sin una advertencia previa, muchas personas corren el riesgo de perder elementos fundamentales para su vida cotidiana, incluyendo documentación personal, tratamientos médicos, ropa y otros objetos indispensables.
Silencio oficial y debate social
La polémica creció después de que el Ayuntamiento no desmintiera la existencia de la orden. Según indicó El País, el Consistorio fue consultado en dos oportunidades sobre el tema y no negó la implementación de la medida.
El caso abrió un debate en España sobre el tratamiento que reciben las personas en situación de calle y el equilibrio entre las políticas de limpieza urbana y la protección de los derechos sociales.
Organizaciones vinculadas al trabajo social y la asistencia a personas vulnerables advirtieron que la pérdida de documentación o medicamentos puede agravar aún más las condiciones de quienes viven en la calle, dificultando su acceso a servicios básicos, ayudas estatales y atención sanitaria.
Mientras tanto, la decisión continúa generando cuestionamientos y reclamos para que se revisen los protocolos aplicados durante los operativos de limpieza en la capital española.