La relatora especial* sobre la libertad de opinión y de expresión** declaró este martes que el sistema legal y judicial en Honduras y su Mecanismo de Protección especializado que el país creó en 2015 no ha logrado garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los delitos más graves y las amenazas a los defensores de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales.
"Los hondureños que trabajan en temas relacionados con la tierra, el medio ambiente, la corrupción, el crimen organizado y los conflictos agrarios y mineros siguen expuestos a un alto riesgo de violencia, ataques en línea y de género, intimidación, campañas de desprestigio y acoso judicial", declaró Irene Khan al finalizar una visita oficial al país.
"Casi todos los periodistas con los que hablé, ya sea en medios de comunicación convencionales, medios online o radios comunitarias, hombres, mujeres o de género diverso afirmaron que las medidas ofrecidas por el Mecanismo de Protección son tan inadecuadas y que la intimidación ha alcanzado un nivel tan alto que se sienten obligados a autocensurarse para protegerse a sí mismos y a sus familias", afirmó Khan.
Recomendaciones
La experta pidió una revisión a fondo del Mecanismo de Protección. "Muchas de las personas con las que me reuní dieron ejemplos concretos de largos retrasos en la respuesta o ausencia de respuesta, evaluaciones de riesgo que no tienen en cuenta el contexto y el entorno en el que las personas viven, trabajan y están en peligro, y la ausencia de consideraciones de género a pesar de que muchos de los que buscan apoyo son mujeres o personas LGBTIQ", aseguró.
Khan celebró la derogación de la Ley de Secretos Públicos y animó al Gobierno a seguir ampliando el acceso a la información pública, también para las comunidades marginadas e indígenas.
También recalcó que los medios de comunicación comunitarios son un vehículo importante para preservar la cultura y las lenguas indígenas, y el principal medio por el que la población de las zonas rurales recibe información. En este sentido, la experta instó al Gobierno a garantizar que se crean las condiciones legales adecuadas para el funcionamiento de las radios comunitarias.
Además, instó a las autoridades a adherirse al Acuerdo de Escazú para fortalecer el acceso a la información, promover la participación ciudadana y proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales.
"Honduras debe despenalizar los delitos contra el honor (injurias y calumnias) y revisar el delito de usurpación, que se utiliza para criminalizar a quienes protestan pacíficamente en defensa de sus derechos a la tierra y a los medios de subsistencia", dijo la relatora especial.
Defender el derecho a la libertad de expresión
"El entorno político altamente polarizado ha erosionado la confianza en la integridad de la información, envenenado el discurso público y puesto en peligro las voces disidentes", añadió.
Además, declaró que "calificar la información crítica de noticias falsas no sólo socava y deslegitima a los periodistas, sino que también los hace más vulnerables a amenazas y ataques".
"Insto al Gobierno a que defienda el derecho a la libertad de expresión como herramienta vital para avanzar en sus metas de desarrollo sostenible y democracia inclusiva", concluyó.
