El Gobierno dio este jueves un paso más –tal vez el más importante—en su objetivo de convertir a la Argentina en una economía meramente informal, orillando la ilegalidad y desoyendo las recomendaciones de los principales organismos internacionales de control de operaciones financieras que puedan estar vinculadas con actividades delictivas. El mega blanqueo de dinero cuyo origen sea, cuanto menos dudoso, fue anunciado como una forma “luchar contra la informalidad”. Durante el anuncio, el vocero presidencial Manuel Adorni, sin tapujos hizo alusión a las recomendaciones que recibió hace apenas unos meses del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la falta de entendimiento de la administración Milei sobre los procesos antilavado de activos; obviamente, tergiversando la conclusión del organismo.

El GAFI sostuvo en su informe de diciembre último que “existen deficiencias importantes en la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), incluyendo la falta de un conocimiento profundo de los riesgos de lavados de activos derivados de la informalidad y la corrupción”. La respuesta del Gobierno a eso es ahora eliminar toda obligación revisar operaciones que puedan parecer sospechosas.

En el sinuoso camino oficial por convertir al país en una guarida oficial, el equipo económico que conduce el dúo Luis Caputo (ministro de Economía) y Santiago Bausili (titular del Banco Central) -al que se suma ahora el director de ARCA, Juan Alberto Pazo- anunció un paquete de medidas tendientes a estimular el uso de dinero, preferentemente dólares, que fue atesorado por fuera del sistema. A contramano de las recomendaciones y las prácticas de la mayoría de los países en materia de formalización de las operaciones, incluso con fines de mejorar la recaudación tributaria, la dirección de las medidas anunciadas por esta troika libertaria (ex macrista) habilita una desregulación total del sistema financiero. El objetivo es conseguir una dolarización endógena, que le permita continuar con la actual bicicleta financiera y forzar un peligroso endeudamiento de los hogares en moneda extranjera.

En cuanto a resoluciones que no requieren mayor tratamiento legislativo ni traerá coletazos jurídicos inmediatos, el anuncio podría resumirse en que se elevaron los montos hasta el equivalente a 100.000 dólares (100 millones de pesos) para que se informe el origen de los fondos, habilitando un blanqueo implícito de volúmenes de dinero que no cabe en un colchón. La medida se promocionó como una manera de liberar los dólares que se amarrocaron durante “los diez años de cepo”. Sin embargo, el grueso de la formación de activos externos (fuga) nace con la implementación de la valorización financiera en 1976, que fue la versión local del neoliberalismo, y las recurrentes reversiones de los años siguientes (menemismo, macrismo y la actualidad). Precisamente, durante los controles cambiarios, el volumen de divisas hacía imposible la dolarización de grandes fondos.

El descontrol mileísta

“En su último informe el GAFI recomendó la mejora de nuestros sistemas de control y verificación para hacer uso de los recursos donde realmente deban ser controlados. Esto se termina”, sostuvo Adorni en el preámbulo de los anuncios. El informe no habla de recursos mal utilizados. Hace referencia a la escasa capacidad oficial para entender los riesgos de la informalidad y se publicó, luego de seis años sin relevamientos, a un año completo de administración macrista. En ese documento el organismo concluye que se realizará un seguimiento más exhaustivo de los avances o no en materia de regulación. Anticipa un nuevo informe para el transcurso de este año.

El informe de diciembre reconoce los avances de los últimos diez años en materia de control de flujos sospechosos, aunque alerta por lo que resta hacer. Claramente, aconseja ir por un camino contrario al tomado por el Gobierno este jueves. Incluso, en contra de lo que asegura el Ejecutivo (que la investigación de delitos no se combate desde el control de operaciones financieras, el GAFI asegura que los análisis “permiten una difusión de calidad, que impulsa la mitad de las investigaciones en la unidad de delitos financieros de la fiscalía”. “Argentina debe desarrollar políticas y planes de acción basados en el riesgo para reprimir o formalizar a los proveedores informales de servicios monetarios y prevenir su posible abuso con fines de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, aconseja el GAFI.

El organismo internacional detalla que “las autoridades policiales (autoridades judiciales y judiciales, fiscales y jueces de instrucción) acceden y utilizan inteligencia financiera de una amplia gama de fuentes, incluida la Unidad de Información Financiera (UIF), que apoya ampliamente sus investigaciones de lavado de activos, delitos determinantes y, en menor medida, de financiamiento del terrorismo”. En cambio, el Gobierno deroga los regímenes de información de operaciones por compras con tarjeta, operaciones notariales, compraventa de inmuebles y vehículos y bancos.

“Las autoridades deben abordar los problemas relacionados con la cantidad y la calidad de los ROS (reportes de operaciones sospechosas), en particular para las las empresas y profesiones no financieras designadas. Las autoridades pertinentes deben brindar un mayor apoyo al sector privado para mejorar su comprensión de los riesgos de FT y relacionados con el FT, y generar informes de rendimiento financiero de mejor calidad y más basados en las amenazas", sentencia el GAFI.

"Argentina debería fortalecer la implementación de su supervisión anti lavado de activos y contra financiamiento del terrorismo basada en riesgos mediante (i) asegurar un equilibrio entre el alcance de los sujetos obligados cubiertos y los recursos que requieren; (ii) mejorar su adecuación a información más amplia sobre los riesgos de LA/FT; (iii) asignar recursos adicionales a los equipos de registro y supervisión de las UIF; (iv) implementar una supervisión basada en riesgos, rápida y eficaz, de los proveedores de servicios de valor añadido y los abogados; (v) implementar sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas; y (vi) desarrollar y entregar directrices específicas para cada país y sector”, son las reales recomendaciones del organismo.

En resumen, el GAFI considera que “Argentina debe centrarse en la investigación y el procesamiento judicial de los casos de lavado de activos en mayor medida y de acuerdo con su perfil de riesgo. Esto debe incluir un mayor enfoque en las amenazas de LA graves, como la corrupción, la evasión fiscal, la trata de personas y amenazas específicas como la intermediación financiera no autorizada y el cambio ilegal de divisas”. Mientras tanto, el mileísmo se armó en otro cumpleaños.

Con información de El Destape