El ministro del Interior, Guillermo Francos, deslizó hoy la posibilidad de que el Gobierno posponga el Pacto de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei para comprometer a la dirigencia en una serie de políticas de Estado, si el Congreso no aprueba la Ley Bases.
“La ley está avanzando en el Senado, en las comisiones. Esperamos para hoy tener el dictamen final. Estamos tratando de conciliar entre todos las propuestas de modificaciones, y creo que al final del día de hoy podemos tener un dictamen final”, aseguró el funcionario.
“Son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos como termina todo esto. Es una película de suspenso: si se aprueba o no se aprueba, se llega, no se llega. Cuando sepamos qué fecha manejamos tomaremos al decisión, por ahora es ir al Pacto de Mayo”, amplió. én proclives para terminar esto el 25 de mayo. Tampoco me parece tan importante. Si se termina bien y si no se termina veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos y lo hacemos tratada la ley”, publica Infobae.
Son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos como termina todo esto. Es una película de suspenso: si se aprueba o no se aprueba, se llega, no se llega. Cuando sepamos qué fecha manejamos tomaremos al decisión, por ahora es ir al Pacto de Mayo”, amplió.
El plenario de las comisiones de Legislación General; de Presupuesto y Hacienda; y de Asuntos Constitucionales del Senado continuará este martes con el debate de la ley Bases y el paquete fiscal, en medio de guiños del Gobierno libertario a favor de cambios a ambas iniciativas que reclama la oposición dialoguista y que suavizarían el clima de la Cámara alta, aunque forzarán el regreso de las mismas en segunda revisión a Diputados.
La investigación contra un grupo de piqueteros
Francos, por otro lado, se refirió a la causa judicial que investiga la extorsión de un grupo de piqueteros contra beneficiarios de planes sociales y diferentes asistencias estatales. “Ojalá la investigación pueda culminar con la imposición de penas para los responsables; alguna vez tenemos que dar el ejemplo de que hay justicia en la Argentina”, aseguró.
“Es una gran cantidad de delitos. De forzar a las personas, de abuso, de usar la pobreza como instrumento para beneficiarse políticamente. Es un Estado paralelo. Hay que terminar con ese tipo de cosas”, añadió el ministro del Interior. Y amplió: “Ya lo sabíamos, no es algo nuevo, pero ahora se comprueba, se aprieta a la gente a través de las necesidades, el hambre y los problemas”.
Con relación al expediente judicial, ayer se ordenó un allanamiento en las viviendas y sedes de dirigentes y militantes acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que participen de manifestaciones callejeras y vendan al público alimentos y productos distribuidos por programas que ejecutaba el ex Ministerio de Desarrollo Social. Las actuaciones surgieron a partir de testimonios brindados por las víctimas a la línea 134 que habilitó el Gobierno.
Entre los acusados figuran, entre otros, Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, que integran el Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares. También está bajo la lupa la actuación del Movimientos Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
En el listado de investigados también figuran Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello, según se indicó.
