Rosana Lodovico, directora de Aduanas, tomó junto a su exmarido una deuda de US$250.000 con una empresa denunciada por contrabando. El crédito fue acordado en 2022 con una sociedad anónima llamada Promarlon SA, según consta en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. El presidente de la empresa, Claudio Gabriel Szlaien, se acogió a una moratoria en agosto de aquel año (dos meses antes del préstamo) para pagar deudas aduaneras ocasionadas por el contrabando agravado en el que incurrió la empresa. Para poder ingresar al régimen de pago, requirió el visto bueno de la Aduana. La causa tramita en el Tribunal oral Federal de San Martín 5 e involucra a miembros de la firma y a funcionarios públicos del organismo de control.
“Tengo un pasivo en mi declaración por un préstamo que tome con una empresa por US$250.000 en octubre del año pasado. Este préstamo se pidió en conjunto con mi exmarido para la compra de una casa, una parte del valor total de US$330.000, y el resto fue pagado con ahorros”, explicó Lodovico. Ante la OA, la funcionaria declaró una deuda de 22.145.000 pesos (equivalente a su parte de la deuda al cambio oficial de la época).
La propiedad mencionada es una casa de vacaciones en Canning y fue comprada mientras ella ejercía funciones en la Aduana. Durante la gestión de Sergio Massa y Guillermo Michel fue subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, uno de los puestos más importantes del organismo, y luego fue ascendida como titular del organismo en la gestión de Javier Milei.
La denuncia penal contra la empresa fue radicada en 2017 por la propia Aduana. El fiscal requirió la elevación a juicio de 25 personas por haber considerado que formaron parte de una organización dedicada a actividades relacionadas con el contrabando de mercaderías en sus diferentes etapas “(desde la obtención en la República de Paraguay, ocultamiento, transporte y distribución, hasta su comercialización al público en general), al menos desde febrero de 2017 hasta el 5 de octubre de 2018″, en connivencia con funcionarios públicos “del servicio aduanero”.
En el expediente se detalla: “Claudio Gabriel Szlaien, a quien se le atribuye, con la probabilidad de certeza exigida para esta etapa, el haber tomado parte en la organización criminal integrada por todas las personas mencionadas y con los alcances y funciones ut supra descriptas, siendo el encargado del manejo de los fondos producidos con el objeto de mantener vigente la estructura delictiva”. Más adelante, el fiscal argumentó que la sociedad Promarlon se usaba para girar dinero a Paraguay con el fin de “completar el circulo comercial de las maniobras ilícitas”.
Diario La Nación solicitó información al juzgado y a la fiscalía respecto de los funcionarios públicos involucrados, pero no recibió respuesta. También intentó contactarse con la empresa, pero los teléfonos informados a la AFIP se encontraban desconectados.
Promarlon SA está inscripta ante la AFIP para las actividades de “servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. (Incluye actividades de inversión en acciones, títulos, la actividad de corredores de bolsa, securitización, mutuales financieras, etc.) (No incluye actividades financieras relacionadas con el otorgamiento de créditos)”.
Lodovico dijo: “La escribana me asesoró. El préstamo lo tomamos en conjunto. Desconozco lo que hace; cuando tomé el préstamo no tenía ningún impedimento la empresa. Mi contador chequeó la situación y se pidió un informe para ver la capacidad financiera. Podría haber sido cualquier otra empresa. El pasivo resta”.
Su exmarido, Luis Antonio Bocassi, fue jefe de la sección de Encomiendas Postales Internacionales (EPI), aunque fue apartado recientemente, de acuerdo con fuentes de Aduana.
Tanto ella como Bocassi declararon en la Oficina Anticorrupción que en noviembre de 2022 compraron (con un crédito), una casa de 300 metros cuadrados en Canning para “recreo o veraneo”. Bocassi declaró el inmueble, pero aseguró que la superficie es de 180 metros cuadrados.
Lodovico trabaja desde hace 30 años en la Aduana. En la época de Ricardo Echegaray, cuando compartió gestión con Michel (su predecesor), ocupó el lugar de jefa de Departamento de Administración Financiera. Luego, fue encargada de la Aduana de Ezeiza y quedó relegada durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde que Massa designó a Michel, fue la segunda del organismo como subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas. Diversos conocedores de la materia aseguraron que fue su exjefe el que empujó su designación.
En matrimonio, Lodovico y Bocassi también eran propietarios de un departamento de 180 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, de una casa en Pinamar de 98 metros cuadrados (ambas pagas con ingresos propios entre 2010 y 2011) y de diversos vehículos como una BMW X3 “todo terreno”, adquirida en 2019 y un cuatriciclo Can-Am Outlander Max 800R comprado en 2015.
La hermana de Lodovico, Alejandra Marta y su marido, Alejandro Omar Lucano (cuñado de Lodovico), también son empleados del organismo. Este último es parte de causas iniciadas por contrabando y otros delitos.
En la causa por contrabando, Szlaien logró la suspensión de la acción penal al acogerse a la moratoria. Para ingresar al régimen se requiere acuerdo de la querella, es decir, la Aduana. “El doctor Luis Alejandro Madiedo, abogado por la querella (Dirección General de Aduanas – AFIP), informó que mediante actuación SIGEA 17114-256-2022, en fecha 17 de Enero de 2022, Claudio Gabriel Szlaien solicitó, ante el área contable de la Aduana de Campana, acogerse a los beneficios de la ley 27.653, reglamentada por Resolución 5101/21 AFIP (escrito incorporado al Sistema de Gestión Integral de Expediente Lex 100 el 18 de febrero del año en curso)”, dice el fallo.
El antes nombrado diario se comunicó con el abogado de Szlaien, Diego María Olmos. Informó que la deuda ya está paga y consistió en 6 cuotas de cerca de $6 millones cada una. El resto de los involucrados habrían ido a juicio. No dio información sobre los motivos del préstamo que la empresa le otorgó a la actual directora de la Aduana.
