En lo que parece un capítulo más de la saga que tiene como único objetivo el manejo arbitrario del poder y para usufructo propio, el intendente de Añatuya, Héctor Ibáñez, se tomó tres días para salir definitivamente a decir que el chofer de la ambulancia era el responsable de haber cedido ante el pedido de su propio hijo, intentando desviar responsabilidades, al sostener que sería la Fiscalía municipal la que tomaría las medidas correspondientes y ejecutaría las sanciones.
Estas apreciaciones, que pueden confundir a un oyente no informado, merecen la aclaración de que en la ciudad de Añatuya, la Fiscalía municipal, según lo establece su Carta Orgánica, esta acéfala, ya que el Concejo Deliberante no aprobó la designación de un fiscal propuesto por el propio Ibáñez por no cumplir con lo que establece la normativa en tal sentido, a lo que el jefe comunal respondió designando a Mauro Bravo como fiscal coadjutor, una figura que solo puede existir ante la presencia de un fiscal, que en el caso de Añatuya, no existe.
Será, siempre según los dichos del intendente, Bravo, quien fue puesto por el propio Ibáñez sin reunir los requisitos exigidos, quien deba elaborar la sanción por el grave hecho ocurrido con la ambulancia, pero lo que tampoco dice y no desconoce Ibáñez es que el único sancionado por la Fiscalía municipal puede ser el chofer, ya que el hijo de Ibáñez no es empleado municipal y, por lo tanto, no puede ser sancionado por el fiscal.
Lo de Ibáñez constituye un verdadero acto de cinismo, por lo que son ajustadas las palabras de Enrique Rojas Montes en su obra “La ilusión de vivir”, cuando cataloga de una manera perfectamente ajustable a Ibáñez, al decir que “cínico es un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada”.
Mención aparte merece el silencio de quienes también tienen la obligación de controlar, ya que los representantes del pueblo, los concejales, ya deberían en su misión de fiscales naturales y guardianes de la voluntad popular haber articulado al menos un pedido de informes, máxime cuando saben que estos no constituyen hechos aislados, sino que por el contrario son solo puntas de iceberg que ocultan hechos mucho más reprochables y que merecen la atención de quienes han sido elegidos para controlar las acciones gubernamentales.
Ibáñez sabe que miente, sabe que solo busca impunidad y sabe que nadie le cree, pero su pretensión de mantenerse en el poder a como dé lugar y seguir usufructuando lo público en beneficio personal es más fuerte que hasta sus propios límites, los que parece estar dispuesto a romper, aún a costa de sus seres más cercanos y de aquellos que lo llevaron al lugar que hoy ocupa.
¿Alguien será capaz de exigir la reparación moral o al menos ensayar aunque sea un pedido de disculpas a ciudadanos añatuyenses que viajaban en una ambulancia que debe servir para satisfacer las necesidades de traslado por cuestiones de salud, rodeados de botellas de alcohol para el hijo del jefe comunal?
¿Es posible, después de semejante escándalo que tomó ribetes nacionales, hacer creer que “el chofer” es el que debe pagar las culpas de lo ocurrido? Será el ciudadano de a pie el que deba sacar sus conclusiones, si quienes los gobiernan no están a la altura del cargo que ocupan.
