Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia, deberán comparecer ante la Justicia mañana y pasado, para enfrentar acusaciones de pertenecer a una organización dedicada a recibir dinero de empresarios a los que beneficiaron con obras públicas, licencias de juego o la explotación de áreas petroleras.
La otrora familia presidencial se expone así a ser procesada por el juez federal Claudio Bonadio por cargos que van desde la asociación ilícita al cohecho, pasando por el lavado de dinero y las negociaciones incompatibles con la función pública.
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Florencia Kirchner inaugurará mañana a las 9 la lista de indagados, y una hora más tarde la seguirá su hermano, Máximo. Será su primera indagatoria. El martes todo terminará con Cristina Kirchner.
Florencia no quedará detenida ya que, a pedido de la ex presidenta, el juez Bonadio la eximió de prisión bajo la promesa de que no huirá. Podrá de esa manera transitar todo el proceso en libertad.
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Máximo Kirchner no tiene esa preocupación porque sus fueros como diputado nacional le dan inmunidad de arresto y lo protegen.
Cristina Kirchner dijo que no teme cualquier acusación, incluso quedar presa, pero avisó que no se metan con sus hijos.
Todos serán indagados por Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo como dueños de la firma Los Sauces, dueña de inmuebles que los Kirchner alquilaron a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, contratistas o beneficiarios del Estado.
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La sociedad Los Sauces era de Néstor y Cristina Kirchner, y Máximo tenía una pequeña porción de las acciones. Tras la muerte del ex presidente, las acciones se repartieron entre sus tres herederos y por eso la acusación alcanza a todos, señala el diario La Nación.
Florencia y Máximo escucharán mañana de boca del secretario de Bonadio la acusación, que consiste en integrar una organización que actuó entre 2003 y 2016 para "recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o áreas de la industria petrolera e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle una apariencia de origen lícito".
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La organización se valió de las empresas de López y de Báez, que hasta remodeló la casa de los Kirchner en Río Gallegos. Máximo Kirchner leerá el funcionario judicial, "era el que se encargaba con el aval de Cristina y Florencia Kirchner, como director o miembro del directorio de Los Sauces, de celebrar en algunos casos los contratos de alquiler de los inmuebles y de depositar en las cuentas del Banco de Santa Cruz y del Banco Nación los pagos recibidos" de las empresas del grupo Báez y de López, así como de hacer las transferencias desde y hacia la sucesión de Néstor Kirchner.
En esta causa todos tienen sus bienes inhibidos y Florencia -accionista, empleada y directora de Los Sauces- está acusada, además, de recibir 3,7 millones de pesos de la firma. Ese dinero es parte de los 6 millones de dólares de sus cajas de seguridad en el Banco Galicia, una porción de lo que le transfirió su madre.
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Los peritajes contables determinaron que Los Sauces facturó a los empresarios amigos y contratistas casi 26 millones de pesos entre 2009 y 2016. Mientras que las transferencias recíprocas entre Los Sauces, Florencia, Cristina y las empresas investigadas, incluida la sucesión de Néstor Kirchner, suman 63,5 millones de pesos en el mismo período.
