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La Provincia Se solicitó un subsidio mil euros para programas ???sociales???

Los 20 mil euros para los ???necesitados??? de Añatuya

El Concejo Deliberante de la ciudad declaró ciudadano ilustre al cuestionado español.

Tal y como denunció el Multimedio oportunamente, promediaba noviembre de 2006, y estalló el escándalo en el lugar más impensado: la ciudad de Añatuya. Por entonces, los concejales recientemente asumidos Dres. Juan Sguario y Mario Nassif, socios del mismo estudio jurídico, amigos de Rached y de Fernández González, convencieron al entonces intendente de la ciudad de Añatuya Vidal Ulloa, acerca de los “beneficios” que le reportaría a su gestión el darle vía libre a Fernández González para que gestionara un subsidio de 20.000 euros ante la denominada Fundación Pinares, a los fines de poner en vigencia planes de lucha contra el analfabetismo, mayores en soledad, educación sexual, etc.

 

Y así se hizo, actuando Juan Manuel Sguario como apoderado de Óptima Global Busines SL (ver facsímil) y, a la vez, como concejal, comprobándose luego —además— que sería uno de los dueños de las supuestas viviendas sociales construidas en Pinto.

 

El 22 de noviembre de 2006 se aprobó la autorización a Fernández González para buscar los tan preciados euros, pese a la férrea oposición de los bloques conducidos por el Dr. Ramón Vargas y Walter Toranzo.

El primero demostró que la iniciativa tenía vicios esenciales: no se sabía el origen del dinero ni los fines para los cuales se había destinado, requisito fundamental sin el cual no acompañarían el proyecto.

 

Pero la férrea oposición no importó al oficialismo y fue así como Sguario, apoderado de dos Sociedades Anónimas de Fernández González: Savia Global Group SL, “dedicada a la adquisición, tenencia, promoción, y construcción de bienes inmuebles rústicos urbanos, incluso viviendas de protección oficial” y Optima Global Bussines SL “dedicada al comercio, fabricación, importación, exportación de artículos de regalo, eléctricos y electrónicos” y sospechado por la Justicia española de ser testaferro de Fernández González, mandó a votar el proyecto y fue aprobado, pese a las sensatas advertencias de la oposición.

 

Sin embargo, el convenio de la Municipalidad de Añatuya con la Fundación Pinares nunca fue aprobado por el Concejo Deliberante de esa ciudad ni las ordenanzas que otorgaban los subsidios publicados en el Boletín Oficial.

 

Mucho tiempo después y ante las reiteradas denuncias de los concejales de la oposición, Sguario y Nassif aprobaron el convenio tardíamente, aunque aclarando que como ya se venía instrumentando la entrega de fondos sin la autorización del Deliberante, se entendía que había una autorización “tácita”, en una burda intentona por dar visos de legalidad a maniobras en materia contable y jurídica, con el propósito de justificar la entrega de dinero a instituciones, muchas de ellas carentes de personería jurídica, sin que se hayan cumplido las exigencias de la Carta Municipal, ya que todo convenio debe ser aprobado por los concejales.

 

A partir de allí, comentan algunos allegados al tema, “comenzaron a investigarse subsidios, sin destino específico, sin rendiciones de cuentas, al margen de la finalidad con la que había otorgado la subvención de la Fundación Pinares, es decir los programas mencionados, tales como el creado a instancias de Sguario, Nassif y Ulloa por la ordenanza ‘lucha contra el analfabetismo desde la temprana edad’, estimado en $ 30.000 que nunca se concretó”.

 

Para completar la saga de despropósitos, el oficialismo autorizó a Ulloa a disponer de los $ 8.709 de dinero excedente para que los destinara “según su elevado criterio”.

 

Ciudadano ilustre

 

El día 11 de julio de 2007, a instancias de los concejales Sguario y Nassif, se promovió en el Concejo Deliberante de Añatuya para declarar ciudadano ilustre a Antonio Fernández.

 

La oposición puso el grito en el cielo, ya que recientemente había denunciado que el mismo Antonio Fernández estaba sindicado como el responsable de haber promovido el desalojo violento de campesinos en la zona de Pinto, que tenía intereses de la empresa Afagro (Antonio Fernández Agro).

 

La postura opositora era clara, no podía concederse calidad de ciudadano ilustre a Fernández González, pues no era ciudadano de Añatuya y lo que es peor, una persona totalmente desconocida en la ciudad, la cual estaba sospechada, por aquel entonces —hoy ya no caben dudas— de graves hechos de corrupción, que lo sindicaban como responsable de utilizar fondos públicos de cooperación internacional para negocios privados, pero una vez más eso no importó y valiéndose del número del que goza la mayoría de Ulloa, se aprobó un proyecto de declaración “sin que se consignara de quien era la autoría”, y en nombre del HCD de Añatuya se lo declaró “ciudadano ilustre” y ante la presencia de Ulloa, quien ya había refrendado un decreto declarando a Fernández González “visitante ilustre” y numerosos integrantes de asociaciones, muchos de ellos “punteros políticos del oficialismo”, se le concedió al español el uso de la banca del vecino, según los concejales opositores “para que dijera lo que se le antojara, desde su posición de poder, rodeado de funcionarios serviles que merodeaban en pos de los 20.000 euros que debía entregar a la ciudad de Añatuya, dinero del cual todavía se desconoce su verdadero destino”.

 

Diversos medios españoles de alcance mundial publicaron en sus portales lo que estaba sucediendo en nuestra provincia. Tal es el caso del diario El Mundo que, bajo el título “Las ventas sospechosas del ex alcalde de Pinto”, expuso en un artículo la situación de Antonio Fernández. “De alcalde a acusado. De hombre todopoderoso del PSOE en la comunidad a estar próximo a la expulsión. De controlar la organización local de Pinto, a tener dificultades con los dirigentes de la localidad.

 

Antonio Fernández, ex alcalde de Pinto, es también conocido como Willy Fog por las vacaciones que tomaba mientras estuvo de alcalde, para mantener contactos con los pueblos con los que había hermanado a la localidad de Pinto. Ahora, Antonio Fernández tiene problemas con la Justicia. Un abogado madrileño ha presentado una demanda penal en la que lo acusa de fraude en la cooperación internacional cuando era alcalde. Para cometer estos actos, que considera delictivos, utilizó la Fundación Pinares.”, reza el texto de la noticia.

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