La expresidenta fue condenada a seis años de prisión por supuesto direccionamiento de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez. Presentará un recurso ante los integrantes del máximo tribunal.

"No surge argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora", sostienen los abogados de la Procuración del Tesoro.