Tras el rechazo del Congreso a cinco decretos delegados, el gobierno restituyó las normas que rigen el funcionamiento de entes públicos y la actividad en distintos sectores de la economía.
La jueza Moira Fullana hizo lugar a la medida cautelar peticionada por la central obrera y ordenó suspender provisoriamente los efectos de los artículos 2 y 3 del decreto 340/25 con los que el Gobierno intentó limitar el derecho a huelga
La central gremial presentó una acción de amparo sindical solicitando declarar la invalidez constitucional del DNU.
