Carlos Campos Guzmán, abogado y miembro fundador del Observatorio Federal Argentino, se refirió ayer –en diálogo con Nuevo Diario– al proyecto que busca bajar la edad de punibilidad a 13 o 14 años para delitos "graves" (en 16, actualmente).
"Varios estudios indican que la baja de edad no reduce la inseguridad y que el porcentaje de delitos graves cometidos por menores es muy bajo en Argentina", introdujo Campos Guzmán.
Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, confirmó la semana pasada que el tratamiento por la Ley Penal Juvenil será parte del temario de las sesiones extraordinarias.
"Creo en el argumento de que la cárcel convierte a los menores en futuros delincuentes. La baja de la imputabilidad podría llevar a que los menores sean encarcelados en condiciones inadecuadas", advirtió el abogado.
El nuevo régimen penal juvenil busca "crear un sistema especializado enfocado en la resocialización, con penas máximas de 20 años y medidas socioeducativas"., según se conoció.
Los "riesgos de la cárcel para menores" son: "Mayor exposición a la violencia y el abuso", "dificultad para acceder a educación y rehabilitación" y "mayor probabilidad de reincidencia"; mientras que como "alternativas a la cárcel" sugirió: "Medidas de protección y asistencia", "programas de rehabilitación y educación" y "libertad vigilada o condicional".
"Es fundamental priorizar la protección y el bienestar de los menores, y buscar alternativas a la cárcel que les permitan reinsertarse en la sociedad de manera positiva", agregó el entrevistado.
"Falta una infraestructura adecuada y programas comprometidos"
Para Campos Guzmán, "como padre de familia y abogado, esto también debe ir acompañado por políticas públicas adecuadas de protección a la familia y a la escuela".
En ese sentido, el abogado recordó que "antes, cuando faltaba un niño, iban la maestra y la directora a su casa para interiorizarse del problema"; sin embargo, "hoy los principales responsables en la crianza de los chicos son las familias y, en segunda medida, la escuela, pero estamos fallando".
"Desde el Observatorio hemos entablado diálogo en algunas provincias, como el caso de Santa Fe, para tratar de reinsertar a los menores a través de programas de fundaciones y asociaciones que puedan trabajar en equipo con las autoridades", comentó el doctor; no obstante, "hemos observado la falta de una infraestructura adecuada y programas comprometidos en la reinserción de los mismos a nuestra sociedad".
"Aquí también juega el 'Principio de no regresividad', que sostiene que reducir la edad de punibilidad viola la Convención sobre los Derechos del Niño, al implicar un retroceso en los derechos de protección a los niños", advirtió.
