Desde el Foro de Prestadores de Servicios de Discapacidad de Santiago del Estero, el cual está integrado por miembros de instituciones "que trabajan diariamente en la atención, rehabilitación, educación e inclusión social de personas con discapacidad", declararon el miércoles pasado –a través de un comunicado de prensa– su "profunda preocupación ante la grave crisis que atraviesa actualmente el sistema de discapacidad en la Argentina".
En rigor, visibilizaron "una paralización progresiva del sistema", por lo que exigieron "la regularización urgente de los pagos adeudados", "la normalización del sistema de prestaciones", "la reanudación del otorgamiento de pensiones", "la provisión de medicamentos e insumos esenciales", "la recuperación del sistema de transporte para personas con discapacidad" y "la implementación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad".
Reunión
Cerca de 20 referentes de instituciones santiagueñas se reunieron ayer en el Concejo Deliberante de la ciudad Capital.
Soledad Ludueña, directora del Instituto Crecer (Frías, Choya), informó a Nuevo Diario: "Nos hemos convocado con la finalidad de tratar la alarmante situación que nos tiene a todos muy preocupados y desconcertados, porque, en algunos casos, estamos sin cobrar la prestación de Incluir Salud desde octubre (de 2025)".
Vale mencionar que hubo ayer –a nivel nacional– un cese de actividades.
"Estamos sosteniendo los servicios con mucha dificultad porque cada vez se nos cierran más puertas. Ya no podemos solventar gastos", advirtió.
Además del cese, que podría la próxima semana repetirse, habrá este mes jornadas en instituciones y campañas en redes sociales para visibilizar las situaciones en particular y en general.
"Tenemos como principal objetivo dar respuestas a las personas que asisten a nuestros centros, pero, también, tenemos que dar respuesta a los profesionales, a los talleristas, a todos los que trabajan en nuestras instituciones: son muchísimos empleados y la situación se pone cada vez más difícil", expuso, y agregó: "En algunos casos, los prestadores que cuentan con hogares no están recibiendo medicaciones, partidas para alimentos, pañales y demás".
En ese sentido, Ludueña fue categórica: "Por toda esta situación, se pone cada vez más difícil sostener las instituciones".
"No hay ningún avance"
La directora recordó que desde el Gobierno nacional dispusieron en diciembre pasado cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad.
"El cierre de la Agencia ha hecho que lo referido a discapacidad pase al Ministerio de Salud de la Nación, pero desde que pasó ahí, todo está trabado. Por ejemplo, no tenemos nuevas altas en el servicio Incluir Salud y las obras sociales están generando retrasos en los pagos", deslizó.
Con respecto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada en febrero pasado, la prestadora lamentó: "Está vigente, pero no se está cumpliendo".
"Si esto sigue así, tendremos que tomar otras medidas… Más radicales, pero siempre buscando no perjudicar a los niños y a los jóvenes que asisten a nuestros centros", adelantó.
A la sociedad
La entrevista reconoció que "las familias nos apoyan"; no obstante, "estamos tratando de concientizar desde lo social: que no solamente la gente que tiene un familiar con discapacidad, sino que la comunidad en general pueda conocer la situación que estamos atravesando".
"Queremos regularizar nuestra situación para trabajar tranquilamente y que se vuelvan a poner en valor los derechos adquiridos. La intención no va más allá de poder mantener nuestros institutos y que nuestros niños y jóvenes puedan tener el servicio que se merezcan. Les pedimos que nos acompañen y nos ayuden a visibilizar: esta lucha es de todos", concluyó.
