Desde el bloque del Frente Cívico, la concejal Natalia Gallardo presentó un proyecto de ordenanza que propone la realización de exámenes toxicológicos anuales obligatorios para todos los funcionarios de la administración pública municipal de La Banda.
La iniciativa establece que el ejercicio de la función pública requiere actuar con integridad, idoneidad, ética, responsabilidad y transparencia, priorizando siempre el interés general por sobre el personal. En este sentido, el proyecto apunta a garantizar que quienes ocupan cargos públicos desempeñen sus tareas libres de cualquier vinculación con el consumo problemático de sustancias psicoactivas ilegales o el narcotráfico.
En los fundamentos, se advierte que el consumo de drogas ilícitas o el abuso de sustancias puede afectar de manera directa la toma de decisiones, el juicio y la capacidad de liderazgo de los funcionarios. Por ello, se plantea la necesidad de implementar mecanismos de control que eviten arbitrariedades y aseguren el cumplimiento de la norma en todos los niveles del Estado municipal.
Asimismo, se remarca que la medida no surge de sospechas particulares, sino de la necesidad de brindar garantías a la ciudadanía respecto a la idoneidad y lucidez de quienes tienen responsabilidades públicas. Además contempla el respeto por la libertad individual, permitiendo que el funcionario que resulte afectado pueda optar por iniciar un tratamiento o apartarse de la función pública.
En cuanto a los métodos de control, la propuesta destaca la utilización del análisis de cabello —capilar o púbico— como herramienta diagnóstica, debido a su capacidad para detectar el consumo de sustancias a lo largo del tiempo, a diferencia de los análisis de sangre u orina, que tienen un margen de detección más acotado.
Toma como marco normativo la Ley Nacional N° 25.188 de Ética en la Función Pública, sancionada en 1999, y la Ley Provincial N° 6.784, aprobada en 2005 en Santiago del Estero, que establecen deberes, prohibiciones e incompatibilidades para quienes se desempeñan en el ámbito estatal.
El artículo primero de la ordenanza establecería la obligatoriedad de realizar un examen toxicológico anual a todos los agentes municipales, sin distinción de jerarquía ni modalidad de ingreso, con el objetivo de garantizar la transparencia, la idoneidad y la seguridad en el ejercicio de la función pública.
El mencionado proyecto se encuentra en los asuntos entrados para la sesión de hoy y tomaría estado parlamentario.
