Graciela de Petetta, directora del Centro Educativo Terapéutico Santiago del Estero y referente del Foro de Prestadores de Servicios de Discapacidad de Santiago del Estero, advirtió ayer –en diálogo con el equipo de Nuevo Diario– que "la situación de la discapacidad es profundamente preocupante".
"No puedo dejar de expresar una gran indignación. No estamos hablando de números ni de partidas presupuestarias aisladas, estamos hablando de personas: niños, jóvenes y adultos que dependen de servicios para sostener su desarrollo, su salud y su dignidad", alertó.
Gobierno nacional: siguen poniendo palos en la rueda
Desde el Gobierno nacional presentaron esta semana un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La intención es que se revise la sentencia que habilitó la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En rigor, desde el Gobierno sostuvieron que el fallo apelado "genera una situación de gravedad institucional" y "produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal".
Según de Petetta –45 años trabajando en el área–, "que el tema tenga que tratarse reiteradamente en el Congreso para garantizar algo tan básico como el financiamiento del sistema, evidencia una falta de comprensión real sobre lo que implica la discapacidad". Asimismo, la directora entendió que no se trata de "un gasto", sino de "una inversión en derechos humanos, en inclusión y en calidad de vida".
"La incertidumbre financiera no solo pone en riesgo a las instituciones, sino que impacta directamente en la continuidad de los tratamientos, en la inestabilidad de los equipos profesionales y en la tranquilidad de las familias, que ya atraviesan situaciones complejas", expuso.
En ese sentido, la referente garantizó que, "desde nuestro lugar, seguimos sosteniendo el compromiso con cada persona que acompañamos".
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"El sistema está en un punto crítico"
"Es importante decirlo con claridad: el sistema está en un punto crítico. Necesitamos decisiones políticas firmes, sostenidas y responsables, que garanticen previsibilidad y respeto por los derechos adquiridos", consideró.
La entrevistada ratificó que "la discapacidad no puede seguir esperando".
"Cada demora tiene consecuencias reales en la vida de las personas. Me parece importante decir que cuando hablamos de discapacidad, no estamos hablando de un sector más, sino de derechos fundamentales que hoy están en riesgo. Desde nuestro trabajo, vivimos con mucha preocupación la situación actual, porque lo que está en juego es la continuidad de sus derechos. Cada decisión que se demora tiene un impacto real en la vida de las personas, que también son ciudadanos de este país, y todo esto sin contar los miles de trabajadores que se dedican a la tarea de aportar calidad de vida a estas personas y que quedarían sin trabajo, porque hay muchas que no pueden acceder a tratamientos rehabilitadores por falta de recursos", agregó.
"La punta del iceberg"
Por último, de Petetta reconoció que "esto que vivimos, quienes estamos relacionados con el área, sabemos que lo que se ve esconde un trasfondo social, político y económico mucho más grave, y que solo estamos viendo la punta del iceberg", puesto que "esto no comenzó hoy, esto comenzó hace mucho tiempo".
El Foro de Prestadores de Servicios de Discapacidad de Santiago del Estero
El Foro de Prestadores de Servicios de Discapacidad de Santiago del Estero está integrado –según explicaron a través de un comunicado de prensa– por referentes de instituciones "que trabajan diariamente en la atención, rehabilitación, educación e inclusión social de personas con discapacidad".
Se ocupan de visibilizar "una paralización progresiva del sistema" y exigir "la regularización urgente de los pagos adeudados", "la normalización del sistema de prestaciones", "la reanudación del otorgamiento de pensiones", "la provisión de medicamentos e insumos esenciales", "la recuperación del sistema de transporte para personas con discapacidad" y "la implementación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad".
"Esta situación compromete seriamente la continuidad de los tratamientos, el funcionamiento de instituciones que brindan servicios esenciales y el trabajo de cientos de profesionales. Pero por sobre todo, afecta directamente a miles de personas con discapacidad y a sus familias, cuyos derechos se ven vulnerados", indicaron.
Desde el Foro dejan en claro que "acompañamos la realización de auditorías cuando estas se realizan de manera seria, transparente y responsable, porque el control del sistema es necesario".
Sin embargo, "rechazamos cualquier práctica que implique paralización del sistema, desfinanciamiento o abandono de las personas con discapacidad".
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