Diputados nacionales rechazaron ayer el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad.
Los legisladores emitieron 172 votos a favor y 73 en contra (hubo dos abstenciones).
Horas antes, personas con discapacidad, profesionales pertenecientes a diversas áreas afines y prestadores de servicios, entre otros, se movilizaron en las inmediaciones de la plaza Libertad para exigir que se desestime el veto impulsado por Javier Milei, presidente de la Nación.
Yanina Toscano, mamá de una persona con discapacidad y presidenta de la asociación Sonckoy Manta, aseguró que "las familias somos quienes les damos la voz a estas luchas sociales y políticas".
"Necesitamos que la ley se promulgue para que los niños puedan hacer cumplir sus derechos", ratificó.
La ley, impulsada por Daniel Arroyo, diputado de Unión por la Patria, tiene como objetivo garantizar hasta el 31 de diciembre de 2026 (con posibilidad de prorrogar por un año más) "los derechos esenciales de las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a prestaciones de salud, educación, empleo, pensiones no contributivas y protección social". Asimismo, propone "fortalecer a los prestadores fundamentales del sistema y promover el cumplimiento real del cupo laboral, con incentivos a las empresas que generen empleo inclusivo".
De acuerdo con Toscano, "las marchas son cada vez más masivas porque la gente toma conciencia de que nadie está exento de una discapacidad".
Vale mencionar que el martes por la noche se llevó a cabo una vigilia por el mismo reclamo en la plaza Libertad.
"Es una tristeza terrible ver que el presidente no tiene empatía con las familias. Siempre se habla de quienes no tienen discapacidad o cobran una pensión que no les corresponde, pero los que sí tenemos una persona con discapacidad estamos sufriendo", apuntó la titular de Sonckoy Manta, que visibilizó: "No aumentan los nomencladores, no les pagan a las obras sociales y hay probabilidad de que los institutos cierren porque no suben los sueldos".
La jornada fue replicada en distintos puntos del país, pero con mayor peso en las cercanías al Congreso.
Rosana Romero, directora de Discapacidad de la Provincia, sostuvo que "esta es una oportunidad para no bajar los brazos" y "continuar abriendo los corazones".
"Este veto es totalmente injusto e inhumano; deja a muchas familias desprotegidas y sin garantías. Hoy más que nunca tenemos que apoyar y hacer oír nuestras voces, reclamando lo que es de la gente: son derechos conseguidos, no podemos volver atrás. Esta ley asegura el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y contextos", afirmó.
Romero, en ese sentido, anticipó que "vamos a seguir acompañando a las familias"; sin embargo, pidió que el pueblo santiagueño haga lo propio: "Esperamos que la gente se involucre más y confío en que la participación y la movilización lleguen a buen puerto".
Carolina Agüero, mamá de una persona con discapacidad y coordinadora del Registro Único de Adopción, sugirió que "estos encuentros son muy valiosos e importantes".
"Si repasamos la historia, toda conquista de derechos ha tenido como antesala una lucha social. Tenemos que hacer escuchar a un colectivo que históricamente ha sido invisibilizado", alentó.
Agüero, consultada por el acompañamiento de la comunidad, se mostró "muy conforme y feliz". "Sentimos el apoyo de todas aquellas personas que tienen la empatía suficiente para ponerse en el lugar de nosotros, lo cual no es algo sencillo. Nos pueden decir 'Yo te entiendo' o 'Yo sé lo que vives', pero, lamentablemente, solamente los que vivimos la discapacidad en primera persona sabemos lo que se siente; aun así valoramos muchísimo a quienes nos acompañan", retribuyó.
La coordinadora, al igual que Toscano, señaló a Milei por el veto y sus dichos contra la discapacidad: "Siento impotencia porque nos vemos muy pequeñitos al lado de un Estado que pareciera ser omnipotente. Ante esos discursos de destrato, desamparo y crueldad, siento bronca y vivo la injusticia en carne propia".
Para revertir finalmente el veto, el Congreso ahora necesita reunir dos tercios en el Senado.