Muchos santiagueños marcharon ayer en contra del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, en la ciudad Capital.
La concentración comenzó a las 17, en la sede central de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Los convocados y autoconvocados recorrieron la avenida Belgrano y se detuvieron en la plaza Libertad, lugar escogido para la lectura de documentos.
Vale mencionar que en el transcurso de la movilización se dio a conocer la noticia de que diputados nacionales rechazaron el veto: hubo 174 votos positivos, 67 negativos y dos abstenciones.
Héctor Paz, rector de la UNSE, aseguró que "logramos que la sociedad tome conciencia de que la defensa de la universidad pública es de todos".
"Hemos consensuado con legisladores de distintos bloques para tener una ley que se ajuste a las necesidades de las universidades, y hoy esa ley fue respaldada con amplia mayoría. Vamos a seguir atentos a lo que suceda, porque sin universidad pública, sin educación y sin ciencia, un país no puede desarrollarse. Ahora debemos exigir que se cumpla esta ley", expresó Paz.
Los estudiantes, docentes, nodocentes y referentes de diferentes organizaciones portaron carteles en repudio a las políticas impulsadas por Javier Milei, presidente de la Nación. Asimismo, se hicieron eco del escándalo de las presuntas coimas que involucran a Karina, la secretaria general de la Presidencia y hermana del primer mandatario.
"Muchos de nosotros nacimos aquí y la universidad fue la única alternativa para estudiar. Nos cambió, nos dio un proyecto de vida. Por eso, vamos a luchar siempre para sostenerla y para que otros tengan las mismas oportunidades", ratificó el rector.
Pablo Cejas, secretario general de la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, afirmó que "la universidad es una herramienta para el desarrollo del pueblo y la educación pública es de todos, no solo de los universitarios".
"Seguimos en pie de lucha, en estado de alerta y movilización. La universidad necesita salarios dignos, becas para los estudiantes y presupuesto para investigación y extensión. Sin esto, las respuestas a la sociedad no llegarán", advirtió Cejas.
Jorgelina González, docente de la carrera de Educación para la Salud de la UNSE e integrante de la Asamblea Universitaria Permanente, apuntó que la casa de altos estudios "debe trabajarse junto con la sociedad, porque el conocimiento es un bien colectivo".
Anisa Favoretti, estudiante de Sociología y también miembro de la Asamblea, señaló que el desfinanciamiento afecta, sobre todo, "a los más jóvenes, que deben trabajar mientras estudian debido a la insuficiencia de becas y recursos"; es decir, "esto afecta el ingreso, la permanencia y el desarrollo de trayectos de formación, extensión e investigación".
Tanto González como Favoretti coincidieron en que la educación pública es "un derecho que debe garantizar igualdad de oportunidades para todas las familias y transformar la vida de los estudiantes".
La ley propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento de universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión al primero de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024.
La decisión quedó en manos del Senado.
