Manuel Adorni, jefe de Gabinetes de Ministros de la Nación, anticipó ayer —vía redes sociales—: "En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin".
Según Infobae, "fuentes del Ministerio de Salud de la Nación" informaron que "se busca actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y 'proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre'".
Asimismo, "el objetivo será superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción".
En síntesis, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 de Argentina (2010) "garantiza el derecho a la protección de la salud mental" y "el pleno goce de derechos humanos de personas con padecimiento mental, priorizando la atención comunitaria, interdisciplinaria y en hospitales generales, prohibiendo nuevos manicomios y limitando las internaciones involuntarias".
"Una enorme responsabilidad"
Nuevo Diario se comunicó ayer con Karen Batuecas, psicóloga y máster en salud mental: "La posible reforma de la Ley de Salud Mental abre una conversación necesaria, pero también profundamente sensible", expresó.
Batuecas consideró "fundamental partir de un punto claro: la salud mental no puede pensarse por fuera de los derechos humanos".
"La ley vigente no es perfecta, pero se apoya en principios que costaron años de construcción: el respeto por la dignidad de las personas, la desmanicomialización y la promoción de tratamientos en comunidad", advirtió.
En ese sentido, para la psicóloga, "cualquier modificación debería fortalecer estos pilares, no debilitarlos".
"Me preocupa especialmente que, en contextos de reformas, puedan aparecer discursos que simplifiquen problemáticas complejas, prioricen respuestas rápidas por sobre intervenciones integrales o retrocedan hacia modelos centrados en el encierro o la exclusión", alertó.
La máster entendió que las personas con padecimiento mental "no necesitan menos derechos", sino "más acceso a tratamientos de calidad, más dispositivos comunitarios, más acompañamiento sostenido y más profesionales formados".
Por último, la entrevistada sugirió que reformar una ley implica "una enorme responsabilidad"; por eso, "es clave" que este proceso "incluya a profesionales de la salud, escuche a usuarios y familias y esté basado en evidencia científica, no solo en posicionamientos ideológicos".
"La salud mental no puede ser campo de decisiones apresuradas. Es un tema que requiere escucha, sensibilidad y compromiso real con el bienestar de las personas", concluyó.
